Según el reporte recogido por Infobae, el balance de ejecución de los proyectos de infraestructura en educación superior pensados para 2022-2026 es el siguiente: 122 iniciativas en total, 44 con 0% de avance y 62 con menos del 10%. Solo un número menor de proyectos logró niveles de ejecución considerados significativos, aunque el reporte no detalla cuáles.
El dato resulta sensible porque la educación superior en Colombia depende en buena parte de la infraestructura física de universidades públicas, sedes regionales, laboratorios y centros de investigación. Cuando una obra se estanca, se afectan matrícula, calidad, cobertura regional y, en muchos casos, la propia prestación del servicio en zonas alejadas de las capitales.
El Ministerio de Educación Nacional es la entidad que coordina estos proyectos con el Ministerio de Hacienda, los entes territoriales y las instituciones de educación superior. Por ley, el presupuesto de inversión para obras en universidades oficiales se discute cada año en el Congreso y se ejecuta a través de convenios y vigencias futuras, lo que encadena un cronograma que suele ir de tres a cinco años por obra.
El rezago no es nuevo en la historia reciente del sector. Auditorías de la Contraloría y de la Procuraduría han señalado, en distintos cuatrienios, demoras en licitaciones, retrasos en giros del Sistema General de Regalías y cambios de diseño que dejaron obras inconclusas. El reporte divulgado por Infobae se suma a esa línea de observaciones, esta vez enfocada en el cuatrienio que termina.
Para los estudiantes, los efectos son directos. Aulas improvisadas, bibliotecas sin terminar y sedes sin dotación limitan la oferta de programas, retrasan prácticas y obligan a desplazamientos costosos. En regiones como la Amazonia, la Orinoquia, el Pacífico y varias zonas del Caribe, donde la oferta pública suele ser la única disponible, una obra paralizada pesa más que en las ciudades principales.
El sector de la construcción también recibe el golpe. Contratistas, proveedores locales y personal de obra quedan a la espera de pagos y de nuevos procesos contractuales. Cuando un proyecto entra en pausa técnica, su reactivación suele exigir estudios actualizados y nuevos permisos, lo que encarece la ejecución final.
El reporte no incluye, según el extracto disponible, el detalle de las obras por departamento ni los montos comprometidos. Esa información es clave para saber cuánto de lo presupuestado terminó en obra y cuánto regresó a la bolsa de recursos públicos o quedó congelado. El Ministerio de Educación y las universidades son las llamadas a entregar el desglose.
Con el fin del periodo 2022-2026, queda abierta la transición hacia el gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella. El nuevo Ejecutivo deberá decidir si retoma los proyectos estancados, los reformula o los cancela, y cómo asigna los recursos que estaban destinados a esa infraestructura. Organizaciones estudiantiles y rectores de universidades públicas han pedido en los últimos meses continuidad en los planes de inversión ya comprometidos.
En el Congreso, la Comisión de Educación y la Comisión Tercera del Senado y la Cámara suelen citar a los ministerios para explicar estos balances. Es probable que, en las próximas semanas, se convoquen debates de control político para revisar el listado de las 44 iniciativas en cero ejecución y las 62 con avance menor al 10%, con el fin de establecer responsabilidades y definir rutas de salida.