El gobierno nacional expidió el decreto que regula el abastecimiento local de carne, pero no construyó los mataderos municipales prometidos en los territorios más apartados. Así lo reportó CONtexto Ganadero, que señala la brecha entre el papel firmado y la obra levantada. La norma buscó ordenar el sacrificio de ganado en zonas rurales donde la informalidad es la regla.
Según la fuente, el marco legal quedó listo desde 2023. Desde entonces, la reglamentación existe sobre el papel, pero la infraestructura física nunca se concretó en la mayoría de municipios. La consecuencia es directa: el sacrificio clandestino de ganado sigue siendo un problema estructural en buena parte del territorio rural colombiano.
La razón principal, de acuerdo con el reporte, es la falta de recursos. Sin presupuesto asignado, las alcaldías de los municipios pequeños no han podido levantar ni adecuar las plantas de beneficio que exige la norma. En muchos casos, ni siquiera cuentan con estudios previos ni con terrenos definidos para la obra.
El sacrificio clandestino tiene efectos en la salud pública. Sin inspección veterinaria ni cadena de frío, la carne que llega a las plazas de mercado y a los expendios rurales puede representar riesgos sanitarios para los consumidores. Las autoridades sanitarias locales reconocen que les resulta imposible supervisar lo que no está formalizado.
El problema también golpea a los ganaderos. Sin mataderos cercanos, los productores deben recorrer distancias largas para faenar sus animales, lo que encarece los costos de transporte y reduce los márgenes de ganancia. En zonas apartadas, donde la economía depende en buena medida de la actividad pecuaria, esa carga adicional se traduce en menor competitividad frente a grandes productores.
Fedegán, el gremio que agrupa a los ganaderos del país, propuso una estrategia que combine tres líneas de trabajo. La primera es la financiación, con mecanismos que permitan a los municipios acceder a recursos para construir y operar los mataderos. La segunda es la asistencia técnica, para acompañar a las administraciones locales en los procesos de planeación y ejecución. La tercera es el control sanitario, con presencia efectiva del Estado en la inspección de la carne.
El decreto forma parte de una política nacional orientada a modernizar el abastecimiento cárnico. La idea, planteada en distintas oportunidades por el Ministerio de Agricultura, era que los municipios pudieran garantizar el sacrificio dentro de su jurisdicción, sin depender de plantas centralizadas en las capitales departamentales. La meta quedó en el documento y no se reflejó en obras.
A la fecha, los municipios más apartados siguen esperando. Algunos avanzaron con recursos propios o con apoyo de cooperación internacional, pero la mayoría permanece sin infraestructura. El contraste es visible: en ciudades capitales la carne que llega al consumidor pasa por plantas certificadas, mientras en zonas rurales el sacrificio informal es práctica común.
El caso reabre un debate conocido en Colombia: la distancia entre la expedición de normas y la capacidad estatal para ejecutarlas. La formulación de políticas públicas requiere no solo voluntad política, también presupuesto, personal técnico y acompañamiento territorial. Sin esos tres elementos, el decreto se queda en el papel.
Queda pendiente que el gobierno nacional defina cómo y cuándo asignará los recursos para cerrar la brecha. Mientras tanto, Fedegán insiste en que la solución requiere voluntad de todas las partes: gobierno central, alcaldías y gremio ganadero. El reloj corre, porque cada año sin mataderos formales es un año más de sacrificio clandestino en el campo colombiano.