El 'Libro de la Verdad', entregado por el presidente Abelardo de la Espriella a la Fiscalía General de la Nación, reúne documentos sobre supuestas irregularidades detectadas en distintas entidades del Estado. Entre esos anexos aparece un informe del Ministerio del Deporte que apunta a una deuda acumulada con atletas por casi 30.000 millones de pesos durante la administración de Gustavo Petro, según reportó Infobae.
El reporte fue producido por la cartera deportiva que ahora dirige Juliana Gutiérrez, funcionaria del nuevo gobierno. En el documento se detallan compromisos pendientes con deportistas, entrenadores, ligas y federaciones que no habrían recibido los recursos acordados en programas y competencias previas. La cifra se construyó a partir de auditorías internas y de las solicitudes de pago que quedaron sin respuesta en la transición.
El Ministerio del Deporte es la entidad encargada de formular y ejecutar la política pública para el sector, incluidos los incentivos a los atletas de alto rendimiento, los apoyos para juegos nacionales e internacionales, y los convenios con los organismos deportivos reconocidos. Cuando esos pagos se atrasan, el efecto llega directo a la preparación de los deportistas, a los viajes a certámenes internacionales y al funcionamiento de los clubes que sostienen el ciclo formativo.
En los últimos años, distintas voces del deporte colombiano habían alertado sobre demoras en giros de programas como 'Supérate' y los estímulos por logros deportivos. Atletas medallistas y cuerpos técnicos habían denunciado públicamente que los recursos llegaban tarde o que los convenios no se terminaban de ejecutar. El informe del Ministerio recogió, al parecer, parte de esas quejas y las tradujo en cifras consolidadas.
La entrega del expediente a la Fiscalía se enmarca en la estrategia del gobierno de Abelardo de la Espriella de poner a disposición de los órganos de control los hallazgos sobre la gestión anterior. La denuncia incluye, según el presidente, posibles irregularidades en contratación, manejo de recursos públicos y decisiones administrativas que comprometieron el patrimonio del Estado y los derechos de distintos grupos, entre ellos los deportistas.
Para los atletas y las organizaciones afectadas, el reporte abre la expectativa de que se reconozcan los montos adeudados y se definan rutas de pago. La deuda, de concretarse, golpea sobre todo a quienes dependen de esos recursos para entrenar, competir y sostener su equipo de trabajo, y suma presión a un sector que venía pidiendo mayor estabilidad financiera.
Por ahora, la Fiscalía deberá evaluar el contenido del 'Libro de la Verdad' y decidir qué investigaciones abre y por cuáles hechos. El Ministerio del Deporte, en paralelo, puede iniciar procesos internos de cobro y conciliación para determinar el estado real de cada compromiso y depurar responsabilidades dentro de la propia entidad.
El episodio deja sobre la mesa un debate de fondo sobre la disciplina presupuestal en el sector deporte y sobre los controles a los convenios que se firman año tras año con las federaciones. La sociedad civil y el movimiento olímpico colombiano suelen pedir reglas claras y cronogramas cumplidos, justamente para evitar que los atletas terminen pagando los retrasos del Estado.
En las próximas semanas se esperan reacciones oficiales de las federaciones deportivas y de los atletas que se reconocen como acreedores. También se conocerán los primeros pronunciamientos de los organismos de control sobre el alcance del expediente entregado por el presidente Abelardo de la Espriella y el tratamiento que se le dará a esta denuncia específica.