El gobierno del presidente Gustavo Petro giró una instrucción para que todas las dependencias del Estado respondan, de forma completa y dentro de los plazos legales, los derechos de petición que presente el equipo de transición del presidente electo Abelardo de la Espriella. La orden, conocida este lunes, incluye un candado: cada solicitud debe pasar primero por un filtro de revisión de reservas, anexos y criterios de seguridad, según reportó Infobae.
La decisión se produce en un contexto sensible. El empalme entre el gobierno saliente y el equipo entrante fue suspendido de manera unilateral por la administración Petro, lo que abrió una disputa política sobre el acceso a la información presupuestal, técnica y operativa del Estado. El equipo de De La Espriella venía reclamando datos completos sobre ministerios, entidades descentralizadas y programas en ejecución para preparar el inicio del nuevo mandato.
La instrucción interna reconoce que las respuestas deben cumplir con la Ley 1755 de 2015, que regula el derecho de petición en Colombia y obliga a todas las entidades públicas a entregar información en un plazo máximo de 15 días hábiles. Pero al mismo tiempo condiciona esa entrega a una revisión previa por parte de los equipos jurídicos y de seguridad de cada ministerio, sobre todo cuando se trate de anexos o documentos que puedan estar bajo reserva legal.
La Casa de Nariño argumentó que la medida busca proteger información sensible, como planes militares, datos de inteligencia, contratos en curso con cláusulas de confidencialidad y datos personales de servidores públicos. El procedimiento exige que cada dependencia verifique si la solicitud involucra temas cubiertos por el régimen de reservas previsto en la ley y, en tal caso, entregue solo la parte no reservada, acompañando la respuesta con la justificación correspondiente.
Desde el equipo de transición se ha planteado que el filtro puede convertirse en una barrera operativa. Los derechos de petición son la herramienta legal que tiene cualquier ciudadano o equipo de gobierno para acceder a información pública, y son la base de la rendición de cuentas. Alegar reservas de forma sistemática puede dilatar los plazos y dejar al equipo entrante sin tiempo para revisar áreas enteras del Estado antes del 7 de agosto de 2026.
La orden también abre interrogantes sobre el tipo de información que llegará al nuevo gobierno. Áreas como defensa, inteligencia, contratos de defensa nacional y datos sobre dispositivos de seguridad quedarían fuera del alcance inicial de la transición. Sectores como salud, educación, infraestructura y hacienda, en cambio, tendrían menos restricciones y deberían entregar la información solicitada de manera más ágil.
En el plano político, el hecho ratifica la distancia entre el gobierno de Petro y el equipo electo de De La Espriella. La suspensión del empalme ya había generado reacciones desde varios sectores, que pidieron garantías de transparencia para que la ciudadanía conozca el estado real de las cuentas públicas y los proyectos en marcha al cierre del actual periodo presidencial.
Por ahora, la transición depende del flujo de respuestas a los derechos de petición ya radicados y de los que se radiquen en las próximas semanas. Si los filtros de seguridad y reserva se vuelven recurrentes, el equipo entrante podría verse obligado a recurrir a acciones judiciales, como tutelas o incidentes de desacato, para forzar la entrega de los datos pendientes antes de la posesión del nuevo presidente.