Según informó El Espectador, el Gobierno de Gustavo Petro radicará el próximo 20 de julio ante el Congreso un nuevo proyecto de ley orientado a prohibir el fracking en Colombia. La iniciativa se conoce en un momento en el que el país atraviesa el cierre de la actual administración y la transición hacia un nuevo período presidencial.
El fracking es una técnica de extracción de gas y petróleo no convencionales que utiliza fracturamiento hidráulico de roca. En Colombia su desarrollo ha estado limitado por decisiones judiciales y por la política ambiental del actual Gobierno, que ha privilegiado la transición energética y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles.
En paralelo a esa iniciativa, el presidente Abelardo de la Espriella ha expresado en distintos escenarios su intención de impulsar el fracking como herramienta para aumentar la producción de hidrocarburos. Esa posición choca de manera directa con el proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso en julio, lo que configura un pulso interinstitucional sobre el rumbo energético.
La diferencia de criterios no es menor. El fracking es un tema sensible por sus posibles efectos sobre el agua subterránea, la sismicidad inducida y las emisiones de metano, razones que han llevado a varios países a restringirlo o prohibirlo. En Colombia, las comunidades de zonas con potencial no convencional, como el Magdalena Medio y el Cesar, han sido protagonistas del debate.
Para los ciudadanos, el choque de posturas genera incertidumbre sobre la regulación que regirá en los próximos años. Si el Congreso aprueba el proyecto de Petro durante lo que resta de su mandato, la decisión quedará como ley vigente, pero el nuevo Gobierno podría promover reformas o nuevos proyectos que la modifiquen.
En el plano institucional, el momento es clave. El 20 de julio coincide con la instalación de nuevas sesiones legislativas y con el inicio formal del ciclo político posterior a las elecciones, lo que suele concentrar la radicación de proyectos de alto impacto por parte del Ejecutivo saliente.
La posición de De la Espriella se inscribe en un debate más amplio sobre cómo compatibilizar la seguridad energética, la inversión extranjera en hidrocarburos y los compromisos climáticos de Colombia. Sectores industriales y algunas regiones productoras suelen favorecer la técnica, mientras que organizaciones ambientales y comunidades la rechazan por sus riesgos.
Queda pendiente conocer el texto completo del proyecto que radicará el Gobierno Petro, los ponentes que se designen en el Congreso y las reacciones de los distintos partidos. También se aguarda la formulación oficial de la política del Gobierno de De la Espriella sobre el fracking una vez asuma el cargo, lo que permitirá medir el alcance del desacuerdo.
Fuente: El Espectador, "Gobierno Petro presentará al Congreso un nuevo proyecto para prohibir el fracking".