El Decreto 0802 de 2026, firmado por el Gobierno Nacional, declara el estado de desastre nacional en Colombia. La medida responde al riesgo de racionamientos de energía y a la posible escasez de agua que enfrenta el país por el Fenómeno de El Niño, según la información publicada por el medio Ke se dice.
Con la declaratoria, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) queda facultada para ejecutar un plan especial de respuesta. El plan se financiará con recursos de una subcuenta temporal, creada para este fin, que permitirá articular acciones de mitigación en los territorios más expuestos a los efectos del clima.
El Fenómeno de El Niño es un evento climático recurrente que en Colombia se ha asociado históricamente con sequías prolongadas, reducción de los caudales de los ríos y aumento de la temperatura. Estas condiciones suelen presionar la capacidad de los embalses que alimentan las centrales hidroeléctricas, principales generadoras de energía en el país, y afectan la disponibilidad de agua para consumo humano, agricultura y otras actividades productivas.
La declaratoria de desastre nacional es una figura prevista en el ordenamiento colombiano para situaciones de crisis que superan la capacidad de respuesta de los entes territoriales. Al activarse, el Gobierno puede disponer recursos extraordinarios, agilizar contratos y coordinar de manera centralizada la atención de la emergencia con gobernaciones y alcaldías.
La decisión llega en un contexto de alerta por la caída de los niveles de los embalses y por las proyecciones climáticas que anticipan meses secos en varias regiones. El riesgo de racionamientos de energía ha sido una preocupación recurrente en los últimos años, cuando episodios de calor extremo han incrementado la demanda y reducido la oferta de generación hidroeléctrica.
Para los ciudadanos, las implicaciones son directas. Un eventual racionamiento de energía afectaría el suministro eléctrico en hogares, comercios, hospitales e industrias. La escasez de agua, por su parte, impacta el acceso al agua potable en municipios vulnerables, la producción agropecuaria y el funcionamiento de servicios públicos básicos.
El plan de la Ungrd deberá priorizar la atención a las comunidades más afectadas, la protección de acueductos y la búsqueda de fuentes alternativas de generación eléctrica. La subcuenta temporal funcionará como un mecanismo de financiación mientras se mantenga la declaratoria, sin que se hayan detallado aún los montos ni los plazos de ejecución.
Queda pendiente conocer la magnitud de los recursos que se destinarán, los criterios de distribución territorial y el cronograma de las medidas de mitigación. También se espera que el Gobierno entregue reportes periódicos sobre el comportamiento de los embalses, el avance del plan de la Ungrd y las decisiones que se adopten si las condiciones climáticas se agravan.