El Gobierno de Gustavo Petro tiene previsto radicar ante el Congreso un proyecto de ley que busca prohibir la explotación de yacimientos no convencionales mediante la técnica de fracturamiento hidráulico, conocida como fracking. La presentación se haría el 20 de julio, según reportó La Silla Vacía.
La iniciativa llegaría al Legislativo en un momento particular: a pocas semanas del cambio de mando presidencial. El presidente electo Abelardo de la Espriella, ganador de los recientes comicios, asumiría el cargo en agosto y desde su campaña había defendido la explotación de hidrocarburos no convencionales con la frase "framing a lo que dé".
El contraste entre las dos posiciones quedó así en el centro del debate. El Ejecutivo saliente promueve una prohibición legal de la actividad, mientras que el próximo Gobierno ha planteado lo contrario como parte de su agenda energética.
Colombia ha debatido el tema del fracking desde hace varios años. En 2018, durante el gobierno de Iván Duque, se levantaron los primeros pilotos de investigación en yacimientos no convencionales. Luego, la administración Petro suspendió nuevas contrataciones y frenó la exploración, alineándose con un discurso de transición energética y reducción de la dependencia de los combustibles fósiles.
La radicación del proyecto no significa su aprobación automática. El texto deberá surtir los cuatro debates en el Congreso, donde distintos sectores han expresado posiciones encontradas. Algunos legisladores han apoyado restricciones a la actividad, mientras que gremios y regiones productoras han advertido sobre el impacto fiscal y laboral que tendría una prohibición total.
Para los defensores de la medida, una ley antifracking consolidaría la política de transición energética y daría señales claras a los mercados sobre el rumbo del país en materia climática. Para sus críticos, la decisión afectaría las finanzas públicas, dada la participación de los hidrocarburos en la inversión y en las transferencias a las regiones productoras.
En lo inmediato, el proyecto abre un nuevo frente de tensión entre el Ejecutivo que termina y el que empieza. Si la ley no alcanza a aprobarse antes del 7 de agosto, fecha estimada de posesión del nuevo Gobierno, su trámite quedará en manos de un Congreso que ya conoce el tema y de un nuevo gabinete con señales distintas sobre el sector.
La discusión ocurre, además, en un contexto internacional de debate sobre el papel de los hidrocarburos no convencionales en la matriz energética global y sobre los compromisos climáticos asumidos por Colombia en acuerdos multilaterales.