El Ministerio de Minas y Energía confirmó que radicará ante el Congreso un proyecto de ley orientado a prohibir el fracking en Colombia. El anuncio lo hizo el jefe de esa cartera, Edwin Palma, quien señaló que la iniciativa cuenta con el respaldo de congresistas del Pacto Histórico, movimiento político al que pertenece el presidente Gustavo Petro.
El fracking es una técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales que utiliza fracturamiento hidráulico de roca. En Colombia se han desarrollado proyectos piloto de investigación, principalmente en el Valle Medio del Magdalena, una zona con depósitos de crudo y gas atrapados en formaciones rocosas de baja permeabilidad.
Durante el gobierno de Gustavo Petro, la posición oficial frente a los hidrocarburos no convencionales ha sido restrictiva. El Ministerio de Minas y Energía ha reiterado en varias oportunidades su apuesta por una transición energética gradual, con énfasis en fuentes renovables y en la reducción progresiva de la dependencia del petróleo y el carbón.
La decisión de llevar la prohibición al Congreso por medio de un proyecto de ley implica que la medida requeriría debate y aprobación en las cámaras legislativas. El apoyo de los senadores y representantes del Pacto Histórico resulta clave para avanzar en el trámite, aunque el respaldo de otras bancadas no está garantizado.
Para los sectores defensores del medio ambiente, la prohibición cierra la puerta a una práctica cuestionada por su impacto en fuentes de agua, consumo intensivo de químicos y generación de sismicidad inducida. Grupos ambientalistas y comunidades de zonas de influencia han expresado su preocupación por los efectos de esta técnica desde el inicio de los proyectos piloto.
En el lado opuesto, gremios del sector de hidrocarburos, sindicatos petroleros y autoridades locales de regiones productoras han advertido sobre las consecuencias económicas de un cierre total al fracking. Argumentan que la actividad genera empleo, regalías y oportunidades en municipios donde la industria convencional ha perdido peso.
La propuesta también se inscribe en la discusión sobre soberanía energética y transición justa. Colombia enfrenta el dilema de garantizar estabilidad en el suministro de gas natural mientras avanza hacia compromisos climáticos internacionales, en un contexto de declino de los campos convencionales.
El proyecto de ley aún no ha sido presentado formalmente, por lo que no se conocen detalles del articulado, ni las excepciones, plazos o mecanismos de transición que podría incluir. El Ministerio de Minas y Energía será el responsable de precisar el contenido en las próximas semanas.
De aprobarse en el Congreso, la prohibición modificaría el marco regulatorio vigente para los proyectos piloto y afectaría las inversiones ya comprometidas en contratos de exploración y evaluación. Las empresas con intereses en el sector estarían obligadas a redefinir sus planes operativos en el país.