El proyecto será radicado el 20 de julio, en la sesión de instalación del nuevo Congreso, según informó La Opinión. La iniciativa busca prohibir de manera definitiva la técnica del fracturamiento hidráulico, conocido como fracking, para la explotación de hidrocarburos en Colombia.
El fracking es una técnica de extracción que consiste en inyectar mezclas de agua, arena y químicos a alta presión en formaciones rocosas para liberar gas y petróleo no convencional. En Colombia ha sido objeto de debate durante los últimos años por sus posibles efectos sobre las fuentes de agua, los suelos y la salud de las comunidades cercanas a los puntos de operación.
El anuncio se produce en la fase final del Gobierno del presidente Gustavo Petro, quien desde el inicio de su administración planteó una transición energética gradual. Durante su mandato se firmaron contratos piloto de fracking con el propósito de evaluar la técnica, y posteriormente el Gobierno suspendió esos contratos argumentando la necesidad de proteger los ecosistemas.
El propio Gobierno saliente ha sostenido que el fracking representa riesgos ambientales y para la salud pública, posición que sirvió de sustento para frenar los proyectos piloto y orientar la política hacia fuentes de energía renovable. Esa misma argumentación es la que ahora se llevaría al Congreso en forma de prohibición legal.
Para los sectores defensores de la técnica, el fracking es una herramienta clave para atraer inversión extranjera, mantener la producción de gas natural y garantizar el abastecimiento energético del país en el mediano plazo. Argumentan que, con regulación adecuada, los riesgos pueden mitigarse y que varios países lo aplican con estándares estrictos.
En cambio, organizaciones ambientales y comunidades de zonas donde se adelantaron pilotos, como Puerto Wilches en Santander, han denunciado impactos en el agua y en la salud. Esas voces piden al Congreso avanzar en la prohibición y, al mismo tiempo, fortalecer la transición hacia energías limpias para no dejar sin alternativas económicas a los territorios productores.
El texto que se presentará el 20 de julio todavía no es de conocimiento público en su articulado completo. Sin embargo, la intención declarada es cerrar la puerta al fracking en cualquier modalidad, incluyendo los proyectos de investigación que se encontraban suspendidos y los contratos firmados con empresas multinacionales.
El trámite legislativo arrancará en una Legislatura que empezará con nuevo mapa político en el Congreso, tras las elecciones de marzo y las presidenciales de junio. El proyecto deberá superar cuatro debates en Senado y Cámara antes de convertirse en ley, un recorrido que suele tomar varios meses y en el que las mayorías parlamentarias resultan decisivas.
Queda por definir qué pasará con los compromisos contractuales ya adquiridos con las empresas que venían operando los pilotos, un aspecto clave por sus implicaciones legales y económicos. También está pendiente el debate sobre cómo se sustituirán los recursos que el fracking dejaría de generar y qué política se adoptará para cubrir la demanda interna de gas.
La decisión final sobre la prohibición del fracking se enmarca en una discusión más amplia sobre el modelo energético de Colombia y la velocidad de la transición hacia fuentes renovables, un debate que continuará durante el nuevo Gobierno y que involucra a ciudadanos, inversionistas, regiones productoras y autoridades ambientales.