El proyecto fue presentado ante el nuevo Congreso de la República, según reportó el diario El Nuevo Día. La iniciativa busca establecer una prohibición expresa de la técnica de fracturamiento hidráulico para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales en el país.
El fracking es una técnica que utiliza agua, arena y químicos a alta presión para fracturar formaciones rocosas y liberar hidrocarburos atrapados en ellas. En Colombia, su aplicación ha sido motivo de discusión por sus posibles efectos sobre las fuentes de agua, la calidad del aire y los ecosistemas de las zonas donde se realizaría.
El debate sobre esta técnica tomó fuerza en los últimos años luego de que Ecopetrol realizara proyectos piloto de investigación en el municipio de San Martín, Cesar, con el acompañamiento del Ministerio de Minas y Energía. Esos pilotos fueron suspendidos durante la actual administración, lo que marcó un giro en la política oficial frente a los hidrocarburos no convencionales.
La propuesta llega en un momento en el que el sector de hidrocarburos atraviesa presiones por la caída de las reservas de crudo y gas, y por la necesidad de garantizar la autosuficiencia energética del país. Las cuentas oficiales de producción venían mostrando una disminución gradual que encendió alarmas en gremios y analistas del sector.
Para las regiones productoras, la prohibición tendría implicaciones directas en materia de inversión, empleo y regalías. Zonas con potencial para yacimientos no convencionales, como el Valle Medio del Magdalena y parte de la Cesar, han sido señaladas por inversionistas y autoridades locales como áreas donde el fracking podría dinamizar la economía.
Organizaciones ambientales y comunidades han expresado, en distintas oportunidades, preocupaciones por el uso intensivo de agua que requiere el fracturamiento, así como por el riesgo de contaminación de acuíferos y la sismicidad inducida. Esos argumentos han sido centrales en el respaldo a una prohibición total en el ordenamiento jurídico colombiano.
El texto radicado queda ahora en manos del Legislativo, donde deberá surtir los debates en comisiones y plenarias. La composición del nuevo Congreso será determinante para definir si la iniciativa avanza o se archiva en el trámite legislativo.
Más allá del resultado en el Congreso, la radicación del proyecto reabre la discusión pública sobre el modelo energético del país y sobre el rol de los hidrocarburos en la transición energética. La forma en que se concilie la protección ambiental con la seguridad energética marcará el rumbo del debate en las próximas semanas.
La fuente consultada, El Nuevo Día, reportó la radicación del proyecto, pero los detalles completos del articulado deberán ser consultados en la Gaceta del Congreso una vez la iniciativa sea oficialmente publicada por la Secretaría General del Legislativo.