El Gobierno nacional publicó un decreto que reglamenta las corridas de toros en Colombia, a pocos meses de que entre en vigor la prohibición total contemplada en la Ley No más Olé. La medida busca ordenar la transición hacia el fin definitivo de los espectáculos taurinos con muerte del animal, programado para 2027.
Entre las principales disposiciones, la normativa prohíbe las faenas que causen daño o sufrimiento al toro durante la corrida. Los eventos deberán ceñirse a prácticas incruentas, en las que el animal no sufra lesiones dentro del ruedo. Esta exigencia marca un cambio frente a la regulación anterior, que permitía ciertos grados de agresión al toro como parte del espectáculo.
El decreto también establece como requisito obligatorio un concepto previo favorable de un médico veterinario. Ese aval deberá certificar las condiciones de salud, manejo y bienestar del animal antes, durante y después del evento, según lo dispuesto por la autoridad sanitaria competente.
Otra de las decisiones centrales del texto es la prohibición de ingreso a menores de 18 años a los recintos donde se realicen corridas. La medida restringe la presencia de público infantil y adolescente, alineándose con el principio de protección integral de la niñez que ha guiado otras políticas públicas del país.
La nueva reglamentación reduce además el número de municipios autorizados para realizar estos espectáculos. Con la disminución del listado, el Gobierno busca concentrar la actividad en menos plazas, facilitar la inspección y preparar el terreno para su eliminación definitiva en 2027.
La Ley No más Olé, aprobada por el Congreso, establece una transición de varios años hacia la prohibición absoluta de las corridas con muerte del animal en Colombia. El decreto ahora expedido se ubica dentro de ese periodo de transición, fijando las condiciones bajo las cuales podrán seguir realizándose mientras llega la fecha de cierre.
La regulación impacta de manera directa a los trabajadores del sector taurino, incluidos toreros, rejoneadores, subalternos, cuadrillas, administradores de plazas, ganaderos y personal logístico. Muchos de ellos dependen económicamente de estas actividades, por lo que la transición plantea retos de reconversión laboral y de acompañamiento social.
Desde el movimiento animalista y organizaciones de defensa del medio ambiente, la decisión ha sido recibida como un avance coherente con la tendencia global de eliminación de espectáculos que impliquen maltrato animal. Sectores vinculados a la tauromaquia, en cambio, han expresado su preocupación por el efecto sobre miles de familias que viven de la actividad.
El decreto fija un periodo de transición antes de la eliminación total de las corridas, prevista para 2027. Hasta esa fecha, los municipios incluidos en la lista reducida deberán cumplir con los requisitos de faenas incruentas, aval veterinario y prohibición de menores para poder realizar los eventos.
Queda pendiente conocer los detalles operativos del decreto, los criterios para definir los municipios autorizados y las acciones que el Gobierno adelantará para apoyar a los trabajadores del sector durante la transición. La implementación será clave para medir el impacto real de la medida en las comunidades taurinas del país.