El Gobierno nacional solicitó al Congreso de la República una adición presupuestal cercana a los $4 billones para el sector Vivienda. El pedido lo formuló el ministro Jaime Andrés Beltrán durante su intervención en el Legislativo y tiene como destino la reconstrucción de las zonas afectadas por un reciente movimiento telúrico, según reportó 360 Radio.
De acuerdo con el ministro, el fenómeno natural impactó a 16 departamentos del país. En su exposición, Beltrán entregó un balance preliminar de la emergencia: más de 36.000 viviendas destruidas y cerca de 466.000 personas afectadas en distintas regiones de Colombia.
El Ministerio de Vivienda es la entidad encargada de ejecutar la política habitacional del país y de coordinar, junto con otras carteras y entes territoriales, la respuesta en materia de reconstrucción después de desastres naturales. La solicitud de recursos adicionales se enmarca en las facultades que tiene el Ejecutivo para proponer modificaciones al Presupuesto General de la Nación ante el Congreso.
La magnitud del desastre, según las cifras expuestas por Beltrán, explica el tamaño del ajuste solicitado. Si el Congreso aprueba la adición, los recursos se destinarían a programas de reconstrucción de vivienda, incluyendo la reposición de casas destruidas y la atención a la población damnificada que quedó sin hogar.
La emergencia también pone en evidencia la vulnerabilidad sísmica de varias zonas del país. Colombia se ubica en una zona de actividad telúrica importante, y eventos de este tipo suelen golpear con mayor fuerza a municipios con construcciones informales o sin reforzamiento estructural, donde los daños en vivienda tienden a ser más severos.
Para los ciudadanos, el impacto trasciende las cifras: 466.000 personas requieren acompañamiento del Estado en temas de alojamiento temporal, alimentación, restitución de documentos y, sobre todo, una solución de vivienda definitiva. La velocidad con la que el Congreso trámite la adición presupuestal será determinante para el ritmo de la reconstrucción.
La solicitud se produce en un contexto fiscal ajustado, en el que el Gobierno debe competir con otras prioridades de gasto público. Sectores como salud, educación e infraestructura también demandan recursos adicionales, por lo que la discusión en el Legislativo incluirá debates sobre el origen de los $4 billones y su impacto en las metas fiscales del año.
Ahora la pelota está en el Congreso. Las comisiones económicas y la plenaria deberán evaluar la propuesta, negociar eventuales modificaciones y definir cómo se financian los recursos. Mientras tanto, los damnificados esperan una respuesta concreta del Estado para empezar a recuperar lo perdido.