El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, solicitó a la Corte Constitucional revocar el auto que suspende los bombardeos contra campamentos y estructuras de grupos armados organizados cuando en el área haya presencia de menores de edad. La solicitud fue radicada formalmente ante el alto tribunal, según confirmó la cartera.
De acuerdo con la información publicada por la agencia de noticias, el jefe de la cartera de Defensa calificó la decisión como un golpe a la operación militar y aseguró que la suspensión pone en riesgo la vida de los soldados y policías que participan en operativos contra organizaciones como las disidencias de las FARC y el ELN.
El auto de la Corte, conocido en las últimas semanas, ordena a las Fuerzas Militares abstenerse de ejecutar acciones aéreas ofensivas en zonas donde se tenga certeza o indicios fundados de presencia de niños, niñas y adolescentes. La medida buscaba blindar los derechos de esa población ante el riesgo de reclutamiento forzado.
La respuesta del Ministerio de Defensa abre un nuevo capítulo de tensión entre el Ejecutivo y el alto tribunal. En el pasado, gobiernos de distinto signo han tenido diferencias públicas con decisiones de la Corte Constitucional, especialmente cuando involucran la seguridad nacional y las reglas de operación de las Fuerzas Armadas.
Para la cartera, la determinación judicial restringe de manera desproporcionada el uso de una herramienta clave en la estrategia contra el narcotráfico y el terrorismo. Argumenta que los grupos armados usan a menores como escudos humanos, lo que dificulta los ataques sin causar víctimas civiles.
Organizaciones de derechos humanos han expresado, en debates similares, que los bombardeos indiscriminados han provocado víctimas civiles en distintas regiones del país y han pedido que se limiten estas operaciones. El auto de la Corte se inscribe en esa línea de protección reforzada a la infancia.
En la práctica, la suspensión obliga a las Fuerzas Militares a verificar previamente la presencia de menores antes de cualquier bombardeo, lo que extiende los tiempos de planeación y, según el Gobierno, reduce la capacidad de respuesta frente a objetivos móviles de las organizaciones armadas.
La Corte Constitucional deberá ahora estudiar la solicitud de revocatoria y decidir si mantiene, modifica o levanta el auto. Mientras tanto, la suspensión de bombardeos en zonas con menores continúa vigente, y los operativos militares deben ajustarse a ese marco ordenado por el tribunal.
La decisión final del alto tribunal se suma a la lista de temas pendientes entre el Gobierno y la rama judicial, en un año marcado por el debate sobre los límites entre la protección de derechos humanos y la lucha contra los grupos armados que aún delinquen en distintas regiones del país.