El Gobierno colombiano trabaja en un decreto que prohíbe la entrada al país de productos elaborados con trabajo forzoso. La herramienta, en etapa de preparación, busca cerrar un vacío regulatorio frente a la competencia desleal y los derechos humanos en las cadenas de suministro, según reportó La FM.
El texto, aún en elaboración, plantea facultades concretas para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN. La entidad podrá realizar controles específicos, aprehender la mercancía en cuestión y ordenar su decomiso cuando se determine que el bien fue producido bajo condiciones de trabajo forzoso. Con esas medidas, el Estado apunta a un control aduanero con enfoque de derechos laborales.
La decisión llega poco después de que Estados Unidos aplicara un arancel del 12,5 % a exportaciones colombianas. La tarifa, vigente en el comercio bilateral, encendió las alertas del sector productivo colombiano, que teme perder competitividad en su principal mercado. En ese escenario, el decreto se presenta como una respuesta en dos frentes: proteger el mercado interno de bienes producidos en condiciones de explotación y atender las exigencias internacionales en materia laboral.
El sector floricultor, uno de los más expuestos al arancel estadounidense, ya advirtió sobre el impacto de la carga impositiva del 12,5 %. Los floricultores han señalado que el sobrecosto reduce los márgenes y pone en riesgo empleos en regiones como la Sabana de Bogotá y Antioquia, donde la actividad genera miles de puestos de trabajo. Aunque el decreto no resuelve directamente el tema arancelario, sí abre un frente interno para defender la producción nacional.
En términos institucionales, la medida se suma a los instrumentos que el Estado colombiano ha venido robusteciendo para enfrentar la competencia desleal. El país cuenta con normas en materia de dumping y subsidios, pero hasta ahora no existía un mecanismo específico enfocado en el trabajo forzoso como causal de prohibición de importación. Con el decreto, Colombia se alinearía con prácticas de socios comerciales que ya condicionan sus compras a estándares laborales verificables.
La DIAN será la entidad clave en la implementación. La dirección tendrá que diseñar los procedimientos de inspección, los criterios para acreditar el origen de los bienes y los protocolos para la aprehensión y el decomiso. También deberá coordinarse con otras entidades, como el Ministerio del Trabajo y la Cancillería, para verificar las denuncias y los reportes sobre prácticas de trabajo forzoso en el extranjero.
Para los consumidores, el efecto más visible será una mayor vigilancia sobre productos importados de sectores históricamente asociados a trabajo forzoso, como textiles, confecciones, productos agrícolas y electrónicos. Si se confirma que un bien fue producido bajo explotación laboral, no podrá ser comercializado en el país. Con eso se busca que el comprador colombiano tenga garantías de que lo que adquiere no proviene de cadenas que vulneran derechos fundamentales.
El decreto se inscribe, además, en la agenda que Colombia ha promovido en escenarios multilaterales sobre trabajo decente y derechos laborales. Organismos como la Organización Internacional del Trabajo han reiterado que el trabajo forzoso afecta a cerca de 28 millones de personas en el mundo, y varios países ya adoptaron legislaciones para retirarlo de sus cadenas de valor. Con esta iniciativa, el Gobierno busca posicionar al país entre los que toman medidas concretas frente al problema.
El sector privado, por su parte, estará atento al alcance de la norma. Importadores y comercializadores pidieron reglas claras y proporcionales, que no se conviertan en barreras arbitrarias al comercio. También solicitaron que el decreto incluya mecanismos de debido proceso para los actores que sean objeto de una eventual aprehensión o decomiso de mercancía.
Quedan pendientes varios puntos del decreto. Aún no se conoce el texto definitivo, el plazo para su expedición ni la fecha de entrada en vigor. Tampoco se han precisado los criterios técnicos para determinar cuándo un bien fue producido con trabajo forzoso, ni los listados de países, productos o empresas que serían objeto prioritario de control. Esos detalles deberán definirse en los próximos días, en un proceso que será seguido de cerca por gremios, importadores y organismos de control.
La fuente de esta información es La FM, que reportó la preparación del decreto y las alertas del sector floricultor por el arancel del 12,5 % impuesto por Estados Unidos a productos colombianos.