El Gobierno nacional prepara un nuevo decreto orientado a regular la protesta violenta en Colombia, según reportó Diario del Sur. La medida surge como respuesta a los actos de violencia que se han presentado en el marco de manifestaciones recientes en distintas regiones del país.
La protesta social es un derecho constitucional en Colombia, reconocido en el artículo 37 de la Carta Política. A lo largo de las últimas décadas, el país ha sido escenario de múltiples jornadas de movilización social, desde el paro nacional de 2019 hasta las protestas de 2021, las cuales pusieron en evidencia la tensión entre el ejercicio de ese derecho y los hechos de vandalismo y bloqueos que suelen acompañar algunas convocatorias.
La diferencia entre protesta pacífica y protesta violenta ha sido un debate recurrente en la jurisprudencia y la política colombianas. La Corte Constitucional ha señalado que cualquier restricción al derecho a la manifestación debe respetar los principios de proporcionalidad y necesidad, límites que el nuevo decreto deberá observar según sectores consultados.
Sindicatos y organizaciones de izquierda convocaron una nueva jornada de movilización, lo que ocurre en un momento en que el Gobierno busca herramientas legales adicionales para atender los episodios de violencia. La convocatoria se produce en medio de un calendario de conversaciones entre el Ejecutivo y distintos sectores sociales y laborales.
La redacción final del decreto y su contenido específico no se conocieron de inmediato en el reporte de Diario del Sur. El Gobierno deberá definir el alcance de la norma, los tipos de conducta que serán objeto de regulación y los mecanismos de intervención de las autoridades durante las marchas.
Para la ciudadanía, el decreto puede tener implicaciones directas en cómo se desarrollan futuras jornadas de protesta. Los organizadores de marchas, los líderes sindicales y los manifestantes en general podrían verse afectados por nuevas reglas sobre horarios, zonas permitidas o protocolos de actuación policial.
Organizaciones de derechos humanos y de defensa de la protesta social suelen advertir que este tipo de medidas pueden terminar limitando el ejercicio legítimo de la manifestación. Sin embargo, el Gobierno ha planteado que la intención es proteger tanto a los manifestantes pacíficos como a la población civil que resulta afectada por los hechos violentos.
Queda pendiente conocer el texto definitivo del decreto, su trámite ante las instancias competentes y las posiciones que adopten al respecto el Congreso, la Corte Constitucional, los gremios, los sindicatos y los organismos de derechos humanos. La próxima jornada de movilización convocada será una primera prueba para medir la respuesta en las calles.