Según HSB Noticias, el Ejecutivo trabaja en un decreto que busca regular los episodios de violencia en el marco de las protestas sociales. La medida se conoce justo cuando organizaciones sindicales y movimientos de izquierda convocan una nueva jornada de movilización en distintas ciudades del territorio nacional.
La protesta pacífica es un derecho constitucional en Colombia, reconocido en los artículos 37 y 56 de la Carta. Cualquier norma que se emita debe armonizarse con ese marco y con los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión y reunión, vigentes en el país.
En las últimas semanas se han registrado hechos de orden público asociados a manifestaciones, con afectaciones a la movilidad, daños en bienes públicos y privados, y enfrentamientos con la fuerza pública. Las autoridades han reiterado el llamado a que las inconformidades se expresen por las vías legítimas y sin uso de la violencia.
La redacción final del decreto, según el reporte de HSB Noticias, se concentra en delimitar qué conductas durante las marchas se consideran violentas y cuáles serían las consecuencias administrativas y penales aplicables. El texto aún no se ha hecho público en su versión definitiva, por lo que sectores sociales están a la espera de los detalles.
Organizaciones de derechos humanos han planteado en el pasado que este tipo de instrumentos pueden ser usados para restringir la protesta legítima. El Gobierno, por su parte, ha sostenido que el propósito es proteger a los ciudadanos y a los servidores públicos que resultan lesionados en medio de los desórdenes.
Desde el sindicalismo y los partidos de izquierda la convocatoria a marchar se mantiene firme y se interpreta como una respuesta a lo que consideran un uso desproporcionado de la fuerza y a la falta de diálogo sobre las demandas sociales acumuladas. Las centrales obreras piden garantías para el ejercicio de la movilización.
El momento en que se anuncia la norma no es menor: ocurre en la víspera de una jornada nacional de protesta, lo que eleva la tensión política y abre un nuevo capítulo de debate entre el Ejecutivo, las organizaciones sociales y los defensores de derechos humanos.
Queda pendiente conocer el texto definitivo del decreto, su trámite en el marco normativo correspondiente y la posición oficial de las centrales obreras y de los organismos de control. Las próximas horas serán determinantes para medir el alcance de la medida y el tono de la jornada de movilización prevista.