El gobierno nacional trabaja en un decreto orientado a regular el derecho a la protesta en Colombia, una de las demandas más persistentes del país tras las jornadas de movilización de los últimos años. La iniciativa busca establecer reglas claras sobre el uso de la fuerza pública y los límites del diálogo entre las autoridades y los manifestantes, según reportó El Heraldo.
El texto en preparación delimitará los escenarios en los que la fuerza pública está autorizada para intervenir durante las manifestaciones, una cuestión que ha estado en el centro del debate público desde el paro nacional de 2021. La Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y la Consejería de Derechos Humanos suelen ser las entidades llamadas a intervenir cuando se presentan bloqueos o disturbios en las vías y ciudades.
En paralelo, el decreto contemplará los mecanismos de diálogo previo entre organizadores de la protesta y autoridades locales, un componente que distintas organizaciones de derechos humanos han reclamado como necesario para evitar la judicialización de los líderes sociales. La regulación también precisará protocolos de acompañamiento a comunidades y criterios para la actuación de los escuadrones antimotines en zonas urbanas y rurales.
Para la ciudadanía, el anuncio abre un periodo de expectativa sobre el alcance real de la nueva norma. Si el decreto limita las garantías para manifestarse pacíficamente, los gremios y plataformas de derechos humanos podrían cuestionarlo ante la Corte Constitucional. Si, por el contrario, fortalece los protocolos de diálogo, podría convertirse en una herramienta operativa para las alcaldías y gobernaciones que hoy carecen de criterios unificados.
Desde el sector productivo, la preocupación recurrente es el impacto de los bloqueos en las vías y la cadena de suministros. Comerciantes y transportadores han pedido reglas que eviten cierres prolongados de carreteras y que, cuando ocurran, permitan el paso de vehículos de carga y ambulancias. El decreto que se prepara podría incluir excepciones específicas para corredores estratégicos y para el transporte de alimentos y medicamentos.
Las reacciones políticas no se han hecho esperar. Sectores que respaldan al gobierno han calificado la medida como una respuesta necesaria para devolver la seguridad a las ciudades, mientras que voces de oposición han pedido que cualquier cambio normativo pase por el Congreso y no se expida por decreto. Esa diferencia entre vía legislativa y vía ejecutiva será seguramente uno de los ejes del debate cuando se conozca el texto definitivo.
Quedan varios pendientes. El primero es la publicación del borrador para consulta pública, un paso que el gobierno no ha confirmado aún. El segundo es la revisión de constitucionalidad que haría la Corte si se aprueba, dado que el derecho a la protesta está protegido por la Constitución de 1991 y por tratados internacionales ratificados por Colombia. El tercero es la capacitación a las fuerzas de seguridad en los nuevos protocolos, un proceso que suele tomar meses y que determinará si la norma se aplica de manera uniforme en todo el territorio.
Mientras tanto, las organizaciones convocantes de marchas evalúan cómo prepararse para eventuales jornadas de movilización en los próximos meses, a la espera de conocer el texto final del decreto y los criterios que fijará para la actuación policial. La expectativa es que la nueva regulación ofrezca certezas tanto a quienes protestan como a quienes deben garantizar el orden público.
En resumen, lo que está en juego es el equilibrio entre dos derechos: el de los ciudadanos a expresarse en las calles y el de la sociedad a circular y proteger la infraestructura pública. El decreto que prepara el gobierno buscará trazar esa línea y, según la redacción que finalmente adopte, será sometido al escrutinio de la Corte Constitucional, de los organismos de control y de la opinión pública.