El Gobierno nacional viene preparando un proyecto de estatuto antiterrorista que contempla la creación de un sistema de listados para identificar a los grupos armados que operan en el país. Así lo reportó La Opinión, que señaló que la iniciativa será presentada ante el Consejo de Política Criminal como paso previo a su radicación en el Congreso de la República.
El Consejo de Política Criminal es el organismo asesor del Ejecutivo en materia de política criminal del Estado. Su función es estudiar y conceptuar sobre los proyectos de ley y los lineamientos estratégicos en esa materia, por lo que su visto bueno suele funcionar como antesala técnica y política de iniciativas que buscan modificar el marco penal colombiano.
La figura de un estatuto antiterrorista no es nueva en el debate público colombiano. En las últimas décadas el país ha convivido con normas de excepción y figuras penales especiales para enfrentar organizaciones como las FARC, el ELN y estructuras criminales de diverso tipo, en un contexto de conflicto armado interno y de violencia persistente que ha obligado a sucesivas reformas al Código Penal y a la legislación procesal.
La creación de listados para identificar a grupos armados remite, en el derecho internacional y comparado, a los llamados listados de organizaciones terroristas. Estos instrumentos suelen fijar consecuencias administrativas, financieras y penales para quienes pertenezcan, financien o colaboren con los grupos incluidos, aunque su diseño varía según el ordenamiento jurídico de cada país.
Para la ciudadanía, la discusión resulta sensible porque el diseño de esos listados puede terminar afectando el ejercicio de derechos como la libertad de asociación, el debido proceso y el acceso a la justicia. También impacta a las entidades encargadas con el cumplimiento de la ley, que verían ampliadas sus herramientas operativas y, al mismo tiempo, sometidas a controles más estrictos.
El Ejecutivo aún no ha detallado de forma pública el contenido completo del articulado ni los nombres de las organizaciones que quedarían incluidas en el mecanismo. Esa definición será, precisamente, uno de los puntos más discutidos en el Consejo de Política Criminal y, después, en el trámite legislativo, donde partidos, organizaciones de derechos humanos y la academia suelen presentar observaciones.
En el Congreso el proyecto enfrentará el filtro de las comisiones constitucionales y de las plenarias de Senado y Cámara. Ese trámite puede tomar varios meses e incluso más de un año si se suman los debates, las audiencias públicas y la conciliación final entre las dos cámaras.
Por ahora, el siguiente paso concreto es la presentación formal del texto ante el Consejo de Política Criminal. Una vez superada esa instancia, el Gobierno podrá radicar el proyecto en el Congreso, donde comenzará una nueva etapa de deliberación política y técnica sobre los alcances del estatuto antiterrorista y de sus listados de identificación de grupos armados.