El gobierno de Abelardo De la Espriella trabaja en la redacción de un proyecto de ley de sometimiento dirigido a grupos armados ilegales que operan en Colombia. La información fue divulgada por el diario El Meridiano, que cita al ministro Iván Cancino como responsable del trámite ante el Congreso.
A diferencia de experiencias anteriores, el proyecto no contempla una mesa de negociación política con las estructuras armadas. En su lugar, la propuesta plantea que los comandantes y cabecillas entreguen los bienes obtenidos de manera ilícita como condición para acceder a los beneficios previstos en la ley.
Esos bienes, según el diseño inicial, tendrían como destino la reparación de las víctimas del conflicto. La medida se apoya en el principio de justicia restaurativa, que privilegia la compensación material sobre el castigo simbólico cuando hay responsabilidad comprobada.
El texto también descarta la creación de una jurisdicción especial. Los procesados serían investigados, juzgados y sancionados por los tribunales ordinarios, con las reglas del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal vigentes.
Colombia ha tenido tres leyes de sometimiento desde 1990. La Ley 418 y sus prórrogas fijaron las reglas generales, y la Ley de Justicia y Paz de 2005 reguló la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Más reciente es el marco transitorio del Acuerdo de Paz de 2016, que creó la Jurisdicción Especial para la Paz para quienes se desmovilicen en ese proceso.
El nuevo proyecto se inscribe en la línea de Justicia y Paz, no en la del Acuerdo de Paz, porque aplica a grupos que no firmaron ningún acuerdo con el Estado. Esa diferencia es relevante: los beneficios jurídicos y los requisitos de verdad, reparación y justicia se ajustan al marco de 2005.
Para las víctimas, el mecanismo abre la puerta a una reparación que hasta ahora no había sido posible, pues muchos procesos quedaron suspendidos por la inactividad de las estructuras armadas o por la falta de bienes identificados.
Para los grupos armados, la fórmula implica un costo alto: deben entregar patrimonio ilícito a cambio de penas reducidas, pero sin reconocimiento político ni posibilidades de participación electoral.
Quedan pendientes varios puntos del proyecto. El Ministerio de Justicia debe precisar el listado de delitos elegibles, los topes de pena, los plazos para la entrega de bienes y los mecanismos de verificación. El texto completo aún no se ha radicado en el Congreso, por lo que el trámite legislativo apenas comienza.
Los analistas coinciden en que la viabilidad del proyecto depende de la voluntad real de los grupos armados de entregar sus finanzas. Sin esa decisión, la ley quedaría como una herramienta preventiva sin destinatarios efectivos.