El Ministerio del Interior dio a conocer un borrador que introduce cambios en la forma como la Policía Nacional interviene durante las marchas y concentraciones en Colombia, según reportó Vanguardia. El documento, que aún no es definitivo, define las situaciones en las que la Fuerza Pública podría actuar cuando se presentan bloqueos, disturbios o hechos de mayor gravedad dentro de una manifestación.
La protesta social es un derecho constitucional en Colombia, protegido desde 1991 y desarrollado por normas posteriores que regulan su ejercicio en el espacio público. La Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han reiterado que cualquier intervención de la Fuerza Pública debe ser necesaria, proporcional y respetuosa de los derechos de los participantes, una línea que el borrador busca aterrizar en protocolos operativos.
El texto plantea escenarios diferenciados según el nivel de alteración del orden público. En manifestaciones pacíficas, la intención es que la actuación policial sea preventiva y de acompañamiento. Cuando se presentan hechos violentos o se afectan derechos de terceros, el borrador habilitaría protocolos de intervención más firmes, con criterios claros de gradualidad.
Uno de los puntos sensibles del proyecto tiene que ver con la respuesta frente a bloqueos de vías y a la presencia de personas encapuchadas, situaciones recurrentes en jornadas de movilización de los últimos años. El borrador, según la información divulgada por Vanguardia, delimita cuándo procede la intervención y bajo qué condiciones operativas, con el fin de reducir la discrecionalidad en el uso de la fuerza.
Para las organizaciones de derechos humanos, la preocupación central es que los nuevos protocolos no terminen ampliando las facultades de la Fuerza Pública sin garantías suficientes. Para los gremios y comerciantes, en cambio, la urgencia es contar con reglas claras que protejan la actividad económica frente a cierres prolongados. El borrador se mueve en esa tensión y por eso mismo genera debate antes de su adopción.
La Policía Nacional, como cuerpo civil armado, está sometida a controles disciplinarios, penales y judiciales por su actuación en manifestaciones. Cualquier cambio en sus protocolos debe coordinarse con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Personería, entidades que han acompañado las jornadas de protesta recientes y que suelen intervenir en la verificación de los hechos.
En las próximas semanas se espera que el Ministerio del Interior abra espacios de conversación con gobernadores, alcaldes, defensores de derechos humanos y voceros de los movimientos sociales. El resultado de esa interlocución puede modificar el borrador antes de que sea expedido como acto administrativo o remitido al Congreso, dependiendo del camino que tome la iniciativa.
Quedan varias preguntas abiertas: cómo se capacitará a los uniformados en los nuevos protocolos, qué mecanismos de veeduría ciudadana operarán durante las marchas y de qué forma se evaluarán los resultados tras cada jornada. El éxito de la reforma dependerá tanto del texto como de su implementación efectiva en las calles del país.