El nuevo Gobierno colombiano estaría preparando la derogación del Decreto 0369 de 2026, una norma que puso límites a las inversiones que los fondos privados de pensiones pueden hacer en el extranjero, según informó El País. El objetivo declarado de la decisión sería reorientar esos ahorros hacia proyectos productivos dentro del territorio nacional.
Los fondos privados de pensiones administran los recursos de la Pensión Obligatoria y, en parte, los de la Pensión Voluntaria de miles de colombianos. Por ley, estos vehículos deben buscar la mayor rentabilidad posible para los afiliados, por lo que invierten tanto en activos locales como en títulos emitidos en otros países.
El Decreto 0369 de 2026 había restringido el porcentaje del portafolio que los fondos pueden colocar en el exterior, en un contexto de fuerte volatilidad cambiaria. La medida buscaba además presionar el redireccionamiento de capitales hacia la economía real en Colombia, como obras de infraestructura y proyectos del mercado de valores local.
Con la derogación que ahora se evalúa, los fondos recuperarían el margen que tenían antes de expedirse el decreto para invertir en mercados internacionales. Eso les permitiría volver a aprovechar oportunidades de diversificación y, en teoría, proteger los portafolios frente a la devaluación del peso frente al dólar.
Para los afiliados, la discusión no es menor. El desempeño de estos fondos define en buena medida la mesada que recibirán los trabajadores que se pensionen por el régimen de ahorro individual. Una mayor exposición internacional puede traducirse en mayor estabilidad frente a choques internos, pero también en mayor sensibilidad a crisis externas.
El Gobierno defiende la posible derogación como una vía para reactivar la inversión local. Quienes defienden la regulación vigente argumentan que limitar la salida de capitales es necesario para proteger el ahorro nacional en momentos de presión cambiaria. El debate toca así un punto sensible: el equilibrio entre rentabilidad individual de los afiliados y disponibilidad de recursos para el desarrollo interno.
La decisión se conoce cuando Colombia atraviesa un escenario de alta inflación acumulada y depreciación del peso en lo corrido del año. Cambiar las reglas del juego en medio de ese contexto puede generar señales tanto a los administradores de pensiones como a los inversionistas extranjeros que participan en la deuda pública local.
Queda por ver la fecha exacta en la que se expediría el acto administrativo que deroga el decreto, así como los términos de la transición para los fondos. También se desconocen, por ahora, reacciones formales de las asociaciones de fondos de pensiones y de los gremios financieros. El País será la fuente de seguimiento mientras se concreta la determinación oficial.