El Gobierno Nacional viene trabajando en la formulación de un Código Nacional de Tránsito que sustituya el régimen vigente desde 2002, según la información divulgada por el portal Ke se dice. La propuesta contempla sanciones calculadas con base en los ingresos del infractor, lo que modificaría de raíz la forma como se gradúan las multas hoy en día.
Una de las claves del anuncio es la revisión integral del sistema de fotomultas, que en los últimos años ha sido blanco de quejas por parte de conductores y organizaciones cívicas. El Gobierno aseguró que se evaluará el funcionamiento de los equipos, los criterios de calibración y los procedimientos de notificación para determinar si el esquema actual se aplica de manera justa y transparente.
En materia de costos operativos, la reforma prevé una reducción de los valores asociados al RUNT y al SIMIT, dos plataformas que los dueños de vehículos deben consultar y pagar de forma periódica. La promesa es aliviar la carga financiera que estos trámites representan para los propietarios, en especial para quienes dependen del vehículo para trabajar.
Otro punto central es la ampliación de la vigencia de la licencia de conducción. Aunque el Ejecutivo no anticipó el nuevo plazo exacto, sí sostuvo que se evalúan periodos más largos con el propósito de disminuir la frecuencia de renovación y los costos que esta gestión implica para los ciudadanos.
La reforma también abre la puerta a ajustes en la categorización de las infracciones. Hoy el código vigente agrupa las multas en rangos fijos, pero la nueva propuesta plantea que cada sanción se modula de acuerdo con el nivel de ingreso del conductor, una medida que según el Gobierno busca equidad y capacidad de pago.
De acuerdo con la fuente, el proceso de construcción del nuevo código se viene socializando con distintos actores del sector transporte, entre ellos agremiaciones de conductores, aseguradoras y autoridades locales. El siguiente paso será radicar el texto en el Congreso de la República para que allí se surtan los debates y modificaciones correspondientes antes de su entrada en vigor.
El anuncio se conoce en un contexto de rechazo creciente al esquema actual de sanciones y al uso masivo de cámaras en ciudades principales. Diversos sectores han pedido mayor control sobre los criterios técnicos de los equipos y sobre la proporción entre la falta cometida y el valor pagado.
Por ahora, los conductores y propietarios de vehículos quedan a la espera de conocer el articulado completo y los plazos concretos de la transición. La entrada en vigencia del nuevo código dependerá del trámite legislativo, que suele tardar varias legislaturas antes de producir una ley de la República.
Queda pendiente también definir cómo se articularán las medidas con los municipios, que en Colombia conservan competencias en materia de regulación del tránsito urbano y donde se concentra la operación de buena parte de las fotomultas.