El Gobierno nacional alista la derogación del decreto expedido en abril de este año por la administración anterior, según reportó La República. La norma buscaba que los fondos privados de pensiones disminuyeran gradualmente su exposición a activos en el extranjero.
El decreto de abril hacía parte del conjunto de decisiones tomadas por el gobierno saliente en materia cambiaria y de manejo de portafolios. Con su derogación, el actual Gobierno regresa al esquema anterior, en el que las AFP definen su exposición internacional dentro de los límites establecidos por el regulador del mercado de valores.
Las administradoras de fondos de pensiones manejan los ahorros de los trabajadores afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad. Una parte de esos recursos se invierte en títulos de deuda pública, acciones y otros activos, tanto en Colombia como en el exterior. La regulación define los topes máximos de inversión externa.
La decisión de obligar a las AFP a reducir su inversión en el extranjero se justificó en abril en la necesidad de fortalecer las reservas internacionales y atender compromisos de pago en moneda extranjera. Las AFP cuestionaron el alcance de la medida en ese momento y plantearon sus efectos sobre la rentabilidad de largo plazo del ahorro pensional.
Para los afiliados, el punto central es la rentabilidad del ahorro. La inversión en activos externos suele diversificar el riesgo y exponer el portafolio a monedas distintas al peso colombiano. Cambios en los topes de inversión modifican la composición de los fondos y, por esa vía, el rendimiento esperado de las pensiones futuras.
El Ministerio de Hacienda y el supervisor del sistema pensional estarán a cargo de oficializar la derogación y, de ser el caso, expedir las normas que la sustituyan. El procedimiento incluye la publicación del decreto correspondiente y su paso por la revisión de la autoridad competente en materia financiera.
El debate se reabrió en un contexto de discusión sobre el rol de las AFP en el mercado de capitales colombiano y el financiamiento de proyectos de infraestructura y empresas locales. Sectores productivos han pedido en años recientes ampliar la inversión nacional de los fondos, mientras que voces técnicas han defendido los beneficios de mantener una porción significativa en activos internacionales.
La derogación, si se concreta, deja sin efectos un decreto que llevaba pocos meses de vigencia. Queda por definir si el Gobierno presentará una nueva regulación que regule de otra manera la inversión exterior de los fondos, o si el tema se someterá a un proceso de consulta más amplio con los actores del sistema.