Según informó Metropolitano, la regulación de plataformas digitales entrará en una nueva fase en las próximas semanas con la expedición de un decreto que fijará las condiciones laborales y de seguridad social para los repartidores de aplicaciones como Rappi y DiDi Food. La iniciativa hace parte de la agenda del Gobierno Nacional para ordenar un sector que venía funcionando sin un marco específico.
Las plataformas de entrega a domicilio crecieron con fuerza en Colombia durante los últimos años. Miles de personas salieron a las calles en bicicleta, motocicleta e incluso a pie para repartir pedidos de restaurantes, mercados y productos variados. La expansión coincidió con la pandemia, cuando el comercio electrónico se consolidó como una alternativa para millones de hogares.
Hasta ahora, la relación entre las plataformas y los repartidores se ha manejado bajo la figura de trabajadores independientes. Rappi, DiDi Food y otras aplicaciones operan con modelos de vinculación flexibles, en los que cada persona se inscribe, acepta términos y condiciones, y presta el servicio sin un contrato laboral clásico. Esa fórmula ha sido objeto de demandas y tutelas que pedían el reconocimiento de una relación laboral.
El decreto que alista el Gobierno busca aterrizar ese debate. El propósito es definir reglas claras sobre seguridad social, incluyendo salud, pensión y riesgos laborales, y establecer condiciones mínimas para una actividad que hoy se mueve en una zona gris entre el trabajo autónomo y la dependencia económica de la aplicación. También se espera que la norma toque temas como la transparencia de los algoritmos que asignan pedidos y calculan pagos.
El sector de las plataformas emplea de manera directa a cientos de miles de personas en el país, según cálculos gremiales y estimaciones de medios. A esa cifra se suman los usuarios que dependen del servicio a diario, desde familias que reciben comida hasta comercios que encontraron en las aplicaciones un canal de ventas. Cualquier cambio en la regulación tiene efectos en ambos lados de la cadena.
Para los repartidores, el punto central es el acceso a protección social. Muchos de ellos no cotizan a pensión ni a salud, y los accidentes en vía son un riesgo cotidiano que en la mayoría de los casos asumen ellos mismos. Para las plataformas, la discusión pasa por los costos operativos y la sostenibilidad de un modelo que se sostiene sobre comisiones y tarifas dinámicas.
Organizaciones de trabajadores y sindicatos del sector vienen reclamando hace años condiciones laborales dignas y afiliación obligatoria a seguridad social. Las plataformas, por su parte, han argumentado que su modelo ofrece flexibilidad y que una regulación laboral tradicional podría encarecer el servicio o reducir las oportunidades de ingreso. El decreto buscará un punto de equilibrio, aunque el contenido exacto aún no se conoce.
Una vez se publique el texto, vendrá una etapa de revisión e implementación. Es usual que los decretos de este tipo incluyan plazos para que las empresas ajusten sus sistemas de pago, contratación y afiliación. También se prevén mesas de seguimiento con el Ministerio del Trabajo, las plataformas y representantes de los repartidores, para medir el impacto de las nuevas reglas en la calle.
El anuncio llega en un momento en que otros países de la región debaten modelos similares. La experiencia internacional muestra que regular el trabajo en plataformas es una tarea compleja, porque pone en juego derechos laborales, innovación empresarial y acceso de los ciudadanos a servicios de entrega a domicilio. Colombia se suma así a una conversación que ya está abierta en América Latina.