El Gobierno nacional confirmó que el 20 de julio radicará ante el Congreso un proyecto de ley con el que pretende prohibir el fracking en Colombia, según informó Noticias Pereira. La fecha coincide con la instalación de las nuevas legislaturas, una jornada habitual para la presentación de iniciativas de alto calado político.
El fracking, o fracturamiento hidráulico, es una técnica de extracción de gas y petróleo que utiliza mezclas de agua, arena y químicos inyectadas a alta presión en rocas de baja permeabilidad. En Colombia su aplicación ha estado rodeada de cuestionamientos ambientales y jurídicos desde los pilotos que se desarrollaron en años anteriores.
La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han sido escenario de discusiones sobre la legalidad de estos proyectos en el país. Varios fallos y sentencias han condicionado la continuidad de los pilotos, mientras comunidades de zonas de influencia han expresado preocupaciones sobre el uso del agua y los posibles impactos en acuíferos.
La radicación de un proyecto para prohibir la actividad implica un giro en la política de hidrocarburos del país. En los últimos años el Gobierno había permitido la realización de proyectos piloto de investigación, una vía intermedia entre la prohibición total y la explotación comercial a gran escala.
Desde la óptica ambiental, las organizaciones que piden la prohibición argumentan riesgos sobre los recursos hídricos, la biodiversidad y la salud de las comunidades cercanas. Argumentan que Colombia debe avanzar en fuentes renovables y en la reducción gradual de la dependencia de los combustibles fósiles.
Desde la óptica del sector energético y de algunos gremios productivos, la prohibición limitaría la autosuficiencia de gas y las posibilidades fiscales en regiones productoras. Plantean que el país debe contar con evidencia técnica suficiente antes de vetar por completo una técnica que se practica en otras partes del mundo.
La decisión tiene implicaciones directas para departamentos con potencial de yacimientos no convencionales. Regiones donde se han adelantado estudios sentirían el efecto en inversiones, empleo local y regalías si la prohibición avanza en el trámite legislativo.
Para los ciudadanos, el debate se traslada al Congreso, donde se deberán surtir los debates en comisiones y plenarias. El resultado final dependerá de las mayorías que se conformen en torno al proyecto, así como de los argumentos técnicos, ambientales y económicos que se presenten en su discusión.
Queda pendiente conocer el texto completo del proyecto de ley y su exposición de motivos. La ciudadanía, los gremios, las comunidades y la academia estarán atentos al contenido, a los plazos del trámite y a los alcances que tendría una eventual prohibición del fracking en el territorio nacional.