El Gobierno nacional publicó un borrador de decreto que propone modificar las reglas para la actuación de las autoridades durante las manifestaciones públicas, según informó El Irreverente Ibagué. El documento queda sujeto a observaciones antes de su expedición formal.
El borrador busca ajustar el marco vigente que regula el acompañamiento y la intervención de la fuerza pública en marchas, bloqueos y concentraciones ciudadanas. Aunque el texto completo no se detalla en la nota, su publicación abre una fase de discusión técnica y política sobre los protocolos de actuación.
Colombia cuenta desde 2019 con el Decreto 003, que unificó los lineamientos para la garantía de la protesta pacífica y reguló el uso de la fuerza por parte de la Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Cualquier modificación en esta materia implica revisar ese estándar, que fue producto de acuerdos entre el Gobierno nacional, organizaciones de derechos humanos y sectores sociales.
La protesta social ha sido una herramienta recurrente de expresión ciudadana en las últimas décadas, desde el paro agrario de 2013 hasta las jornadas del paro nacional de 2019 y 2021. En esos episodios, las actuaciones de la fuerza pública quedaron bajo observación de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y organismos internacionales como la CIDH.
Para los ciudadanos, el contenido del borrador puede traducirse en cambios operativos sobre cómo se dispersan bloqueos, cómo se intervienen vías y bajo qué criterios se utilizan escudos, gases o armas menos letales. Aunque el decreto no modifica el derecho constitucional a protestar, sí redefine la forma en que el Estado responde cuando ese derecho se ejerce.
Sectores como plataformas de derechos humanos y organizaciones estudiantiles suelen participar en las fases de consulta previa a la expedición de este tipo de normas. Su postura suele enfocarse en pedir protocolos más claros sobre uso proporcional de la fuerza, registro de identidades y atención a personas heridas durante las jornadas.
Desde el lado de la fuerza pública y de las autoridades locales, la expectativa es contar con reglas más precisas que reduzcan la discrecionalidad en la actuación policial y aclaren los límites del uso de la fuerza en contextos de alta tensión. Alcaldías y gobernaciones dependen de esos lineamientos para coordinar la seguridad en sus territorios.
Tras la publicación del borrador, el Gobierno deberá recibir comentarios del público y de las entidades involucradas antes de expedir el decreto definitivo. Hasta entonces, el texto carece de fuerza jurídica y opera como una propuesta de política pública sometida a deliberación.
Queda pendiente conocer el articulado completo, los plazos de consulta y si la propuesta incorpora observaciones de la Corte Constitucional y de los relatores de derechos humanos que han seguido el tema en Colombia.