El Gobierno nacional puso en discusión un proyecto de decreto que autorizaría a particulares y a organizaciones religiosas a administrar instituciones educativas oficiales del país. Según reportó La Opinión, la propuesta se encuentra en etapa de comentarios, es decir, abierta a observaciones ciudadanas y sectoriales antes de su eventual expedición.
El texto plantea que esos colegios operen bajo el régimen laboral del sector privado, lo que representa un cambio frente al esquema de vinculación de los docentes y directivos que hoy rige en la educación oficial. La duración de la concesión, de acuerdo con el mismo reporte, llegaría hasta 12 años por cada operador.
En Colombia, la educación preescolar, básica y media es un servicio público cuya prestación puede estar a cargo del Estado de manera directa o a través de contratos con personas jurídicas de derecho privado, incluyendo organizaciones con o sin ánimo de lucro. Hasta ahora, la figura de concesión o contratación con privados se ha usado sobre todo para infraestructura, alimentación escolar o proyectos específicos, no para delegar la administración integral del plantel.
El cambio propuesto toca puntos sensibles. Por un lado, la relación laboral de los maestros adscritos a los colegios oficiales se rige hoy por el Estatuto de Profesionalización Docente y por normas del sector público, con estabilidad reforzada y un régimen prestacional propio. Si el plantel pasa al régimen privado, ese marco cambiaría para quienes sean vinculados por el nuevo administrador.
La inclusión expresa de organizaciones religiosas como posibles operadoras añade un debate adicional sobre la laicidad en la educación oficial. La Constitución establece que la educación es un derecho y un servicio público con fundamento en los principios de universalidad, gratuidad en las instituciones del Estado y respeto por la diversidad, sin que exista prohibición de convenios con entidades confesionales, aunque el tema genera discusión pública cada vez que se plantea.
Para los padres de familia, el modelo abre preguntas concretas: qué criterios se usarán para elegir a los operadores, cómo se vigilará la calidad del servicio, qué pasa con los docentes actuales del plantel y de dónde saldrán los recursos para sostener la operación. El proyecto de decreto no detalla en el extracto publicado el mecanismo de supervisión ni los indicadores de desempeño que se exigirían.
La etapa de comentarios es relevante porque en ella cualquier ciudadano, organización o entidad puede remitir observaciones al Ministerio de Educación antes de que el texto sea firmado. Es usual que durante ese proceso se modifiquen artículos, se aclaren plazos o se añadan garantías para los usuarios del servicio.
Queda pendiente conocer el texto definitivo, la lista de planteles que entrarían en el modelo, si habrá pilotos regionales y cómo se articulará la transición para los docentes y directivos que hoy laboran en los colegios que pasen a administración privada.
La fuente de esta nota es La Opinión, medio que publicó la información sobre el proyecto de decreto en etapa de comentarios.