El proyecto, divulgado por el Gobierno, establece reglas mínimas para los contratos que firman clubes, ligas y deportistas profesionales. La norma busca llenar un vacío histórico en el que la relación entre las partes se movía entre acuerdos civiles y prácticas gremiales, con criterios distintos según la disciplina.
Uno de los puntos centrales es la jornada laboral. El texto fija un tope de 42 horas semanales, una cifra que recoge el estándar que ya manejan otros sectores de servicios en Colombia. Para los deportistas eso incluye los entrenamientos, los partidos y las concentraciones, aunque la distribución semanal quedará pactada entre las partes.
El decreto también precisa los descansos obligatorios. Los trabajadores del deporte tendrán derecho a jornadas de reposo entre compromisos y a vacaciones remuneradas, en línea con lo que ya reciben los demás asalariados del país. La medida apunta a reducir la sobrecarga física y mental que arrastran buena parte de las carreras deportivas en Colombia.
En materia de salud, la propuesta ordena que los clubes y las federaciones afilien a los deportistas al sistema general de seguridad social. Eso incluye atención médica, licencias por enfermedad y riesgos laborales. Hasta ahora, muchos atletas profesionales dependían de pólizas privadas o de la cobertura que cada club decidía ofrecer, sin un piso común.
El proyecto incorpora además obligaciones sobre seguridad social integral. Los empleadores deberán cotizar a pensión, salud y riesgos profesionales, y los deportistas podrán sumar semanas para acceder a la jubilación. Es un cambio relevante para una población que, por la corta duración de sus carreras, suele quedar desprotegida al retiro.
La norma también se ocupa de los cuerpos técnicos, es decir, directores técnicos, asistentes, preparadores físicos y médicos de los equipos. Hasta ahora, buena parte de estos profesionales firmaban contratos por prestación de servicios. El decreto los incluiría como trabajadores con todas las prestaciones, lo que podría cambiar la forma en que se presupuestan los planteles.
Para los clubes, especialmente los de divisiones menores y ligas departamentales, la regulación implica mayores costos laborales. Sectores del deporte han pedido reglas claras de tributación y estímulos a la formalización, de manera que el cumplimiento no se convierta en una barrera para la contratación. El decreto contempla períodos de transición para que las entidades se ajusten.
Colombia ya contaba con la Ley 1815 de 2024, que reconoció el carácter laboral del vínculo entre deportistas y clubes. Este decreto se presenta como el instrumento que reglamenta esa ley y la hace operativa. Esa secuencia normativa da soporte legal a la nueva regulación y la conecta con el marco general del trabajo en el país.
El texto quedó en consulta pública. Durante las próximas semanas, ciudadanos, agremiaciones, clubes y federaciones podrán presentar observaciones antes de la expedición definitiva. El Ministerio del Deporte será el encargado de consolidar los comentarios y emitir la versión final del decreto.
Para los deportistas, el efecto práctico más visible será la estabilidad. Pasarán de tener contratos cortos y renovaciones constantes a relaciones laborales con garantías de ley. Para los clubes, la obligación es doble: asumir costos adicionales y, al mismo tiempo, administrar plantillas con reglas más estrictas de bienestar y protección.