El Gobierno nacional divulgó un borrador de decreto orientado a modificar el Decreto 003 de 2021, la norma que define cómo actúan las autoridades en las distintas fases de una protesta, según reportó La Nación. El documento se encuentra en etapa de formulación y todavía puede recibir observaciones antes de su expedición definitiva.
El Decreto 003 de 2021 fue expedido en medio de las jornadas de paro nacional de ese año y reglamentó el artículo 53 de la Ley 1801 de 2016, el cual establece el marco para la actuación policial frente a reuniones y manifestaciones públicas. La norma vigente distribuye las responsabilidades entre las autoridades nacionales y territoriales, fija protocolos de acompañamiento y precisa los criterios para intervenciones preventivas, durante el desarrollo de la protesta y con posterioridad a ella.
Aunque el extracto entregado por La Nación no detalla los artículos puntuales del borrador, sí confirma que el propósito central es ajustar los procedimientos de las autoridades en cada una de esas tres etapas. Esto reabre la discusión sobre el equilibrio entre la garantía del derecho a la protesta, reconocido por la Corte Constitucional como una expresión legítima de participación ciudadana, y la obligación del Estado de preservar el orden público.
Para la ciudadanía, una modificación de este decreto puede traducirse en cambios en la forma como se autorizan, acompañan o desconcentran las marchas, así como en los protocolos que aplican las fuerzas de seguridad cuando se presentan hechos de violencia. Organizaciones de derechos humanos, plataformas ciudadanas y sectores gremiales suelen revisar este tipo de textos para evaluar su impacto en la movilización social.
El procedimiento administrativo indica que, una vez publicado el borrador, los ministerios y entidades competentes pueden formular comentarios. Luego, el texto debe surtir el trámite de firma presidencial y, si se trata de un decreto del orden nacional, pasar por el control de legalidad de la jurisdicción contencioso-administrativa antes de producir efectos jurídicos plenos.
En el contexto institucional actual, los decretos que regulan la protesta se convierten en piezas sensibles del ordenamiento, porque intersectan la labor de la Policía Nacional, de las alcaldías y gobernaciones, y de organismos de control como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Cualquier ajuste al Decreto 003 de 2021 obliga a esas entidades a actualizar sus manuales y a socializar los nuevos protocolos con su personal.
La publicación del borrador se conoce en un momento en el que la discusión sobre el uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos en las manifestaciones continúa en la agenda pública, alimentada por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por los informes de la Comisión Interamericana. El contenido final del decreto dependerá de las modificaciones que se introduzcan durante la etapa de consulta.
Queda pendiente conocer el articulado completo del borrador y las observaciones que presenten los distintos actores. El Gobierno no ha informado, hasta ahora, un calendario formal para la adopción del nuevo texto, por lo que el Decreto 003 de 2021 continúa siendo la norma aplicable mientras se cumple el trámite correspondiente.