El Gobierno nacional radicó ante el Congreso el traslado presupuestal por 1,2 billones de pesos destinado a blindar la prestación del servicio de energía en la región Caribe, según informó Portafolio.co. La decisión busca garantizar la operación del sector mientras se resuelve la crisis de Air-e, la empresa que atiende a buena parte de los usuarios de esa zona.
De acuerdo con la fuente, los recursos no entrarán a la caja de Air-e. El pago se hará de manera directa a los generadores, lo que en la práctica blinda la cadena de pagos y reduce el riesgo de interrupciones en el suministro. El mecanismo evita que el dinero atraviese las cuentas de la comercializadora intervenida.
La región Caribe ha enfrentado en los últimos años dificultades crecientes en la prestación del servicio de energía. Usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira han reportado cortes prolongados, facturación atípica y demoras en la atención de peticiones, quejas y reclamos. La intervención de Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios buscaba justamente corregir esas fallas.
El esquema de pago directo a los generadores se ha utilizado en Colombia en situaciones similares, cuando una comercializadora intervenida no puede garantizar la cadena de pagos. Al separar el flujo de recursos, el Estado busca que las generadoras mantengan el despacho de energía y continúen atendiendo la demanda, sin que la situación financiera de la intermediaria se convierta en un cuello de botella.
Para los usuarios, la medida traduce en una señal de continuidad del servicio. Cerca de un millón de familias y comercios conectados a Air-e dependen de que la energía llegue sin sobresaltos, sobre todo en municipios donde las altas temperaturas elevan el consumo y donde las alternativas de autogeneración son limitadas.
La radicación del traslado presupuestal es el primer paso de un trámite que debe surtir concepto del Ministerio de Hacienda y aprobación en el Congreso. El Gobierno confía en que el procedimiento avance con rapidez, dado el impacto social de cualquier interrupción en una región con más de dos millones de habitantes.
Desde el sector eléctrico, los generadores venían advirtiendo sobre la necesidad de claridad en los pagos, en particular tras los atrasos reportados en meses anteriores. El giro directo, según el esquema planteado, ordena la cadena y reduce la exposición de las generadoras, que son quienes ponen la energía en el sistema.
Quedan pendientes varios puntos: el cronograma exacto de los giros, la fuente específica de los 1,2 billones dentro del Presupuesto General y los indicadores con los que se medirá el impacto de la medida en la calidad del servicio. La Superintendencia de Servicios Públicos continuará con la intervención de Air-e mientras se estabiliza el modelo operativo.
Por ahora, la decisión marca un giro en la estrategia oficial: en lugar de inyectar capital a la empresa intervenida, el Gobierno prefiere rodear el problema y pagarles a quienes efectivamente generan la electricidad. Es una solución de corto plazo que compra tiempo mientras se define el futuro de la prestación en el Caribe.