El Gobierno nacional confirmó que radicará ante el nuevo Congreso un proyecto de ley orientado a prohibir el fracking en Colombia, según reportó Radio Santa Fe. La iniciativa marca un giro en la política de explotación de hidrocarburos no convencionales, que durante años estuvo bajo revisión por sus riesgos ambientales y sociales.
El fracking, o fracturamiento hidráulico, es una técnica de extracción de gas y petróleo que utiliza grandes volúmenes de agua mezclada con químicos inyectados a alta presión en formaciones rocosas. En Colombia, los pilotos de investigación en yacimientos no convencionales se realizaron en departamentos como Santander y Cesar, zonas con importante actividad petrolera tradicional.
Desde 2022, la Corte Constitucional había ordenado suspender los proyectos piloto de fracking mientras se evaluaban los impactos sobre las comunidades, el agua y la biodiversidad. El debate científico y jurídico sobre la conveniencia de esta técnica en el país lleva casi una década, con posiciones divididas entre sectores ambientales, comunidades étnicas y gremios energéticos.
La presentación del proyecto ante el nuevo Legislativo se produce en un contexto de transición energética y de discusión sobre el papel de los combustibles fósiles en la matriz colombiana. El país depende en buena medida del petróleo y el carbón para sus exportaciones y para las finanzas públicas, lo que vuelve el tema especialmente sensible.
Para las comunidades asentadas en zonas de influencia de proyectos piloto, la prohibición ofrecería una protección legal frente a nuevas actividades de exploración en sus territorios. Organizaciones ambientales y colectivos sociales han pedido de manera reiterada el cierre definitivo de esta práctica, argumentando riesgos de contaminación de acuíferos y afectaciones a la salud.
En contraste, el sector petrolero advierte que una prohibición total limitaría las reservas y comprometería la seguridad energética del país a mediano plazo. gremios como la Asociación Colombiana del Petróleo han señalado en distintas oportunidades que los recursos no convencionales podrían ampliar la vida útil de la producción de hidrocarburos.
El trámite legislativo dependerá ahora de la composición del nuevo Congreso y de las mayorías que se conformen en las comisiones encargadas del estudio del proyecto. Aún no se conoce el texto definitivo ni los plazos que el Ejecutivo proyecta para su discusión en plenaria.
Expertos en derecho ambiental recuerdan que cualquier prohibición debe articularse con la jurisprudencia constitucional vigente y con los compromisos de Colombia en materia de cambio climático. La Corte Constitucional será, previsiblemente, un actor clave en la revisión final de la norma.
Mientras se surte el debate, varias regiones productoras esperan señales claras sobre la política de exploración. Gobernaciones y alcaldías en zonas petroleras anticipan discusiones sobre reconversión laboral y diversificación económica, en caso de que la prohibición avance y se limiten nuevas inversiones en yacimientos no convencionales.