El Ejecutivo confirmó que el texto será radicado el 20 de julio ante el Congreso de la República, según reportó RTA Noticias. Se trata de un proyecto de ley que, según lo anunciado, busca prohibir la técnica de fracturamiento hidráulico conocida como fracking para la extracción de hidrocarburos en territorio colombiano.
El fracking es una técnica que permite extraer gas y petróleo de formaciones rocosas de baja permeabilidad mediante la inyección de agua, arena y químicos a alta presión. En Colombia, el debate sobre su uso se intensificó en la última década por la posibilidad de explotar yacimientos no convencionales, especialmente en cuencas como la Valle Medio del Magdalena.
Durante gobiernos anteriores se firmaron contratos piloto de investigación con el propósito de evaluar los impactos ambientales y sociales de esta técnica. La suspensión o continuidad de esos pilotos fue motivo de controversia entre sectores ambientales, comunidades de zonas de influencia y la industria extractiva.
La decisión del Gobierno se conoce en medio de la discusión nacional sobre la transición energética y la dependencia del país de los ingresos por hidrocarburos. El petróleo y el gas siguen siendo una fuente importante de divisas y de recursos para las finanzas públicas, lo que convierte cualquier prohibición en un asunto de alto impacto económico.
Para las comunidades organizadas y las organizaciones ambientales que se oponen al fracking, el anuncio representa un avance en la protección de fuentes de agua y ecosistemas. Estos sectores han argumentado que la técnica presenta riesgos de contaminación de acuíferos y de afectación a la actividad agrícola en las zonas donde se realizaría.
Desde la industria y algunos gremios petroleros, en cambio, se ha planteado la preocupación por el efecto que tendría una prohibición sobre la autosuficiencia energética y las inversiones ya realizadas en contratos de exploración. La Corte Constitucional ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la necesidad de procesos de consulta previa con las comunidades en los territorios donde se planee implementar la técnica.
El proyecto de ley deberá surtir su trámite en el Congreso, donde pasará por las comisiones económicas y las plenarias de Cámara y Senado antes de convertirse en ley de la República. Expertos en derecho ambiental han señalado que la redacción del texto y el tratamiento de los contratos vigentes serán puntos clave de la discusión legislativa.
Queda por conocer el articulado completo y si la iniciativa contempla plazos de transición, el manejo de los contratos existentes y las alternativas de reconversión laboral para las zonas afectadas. También se espera la reacción de las gobernaciones y alcaldías productoras, que han participado activamente en los debates previos sobre el tema.
El país observa ahora la fecha del 20 de julio como el punto de partida de un nuevo capítulo en la discusión sobre el modelo energético colombiano y el rol de los hidrocarburos no convencionales en la economía nacional.
La cobertura completa del anuncio y los detalles del proyecto pueden consultarse en la publicación original de RTA Noticias, fuente de esta información.