Según informó Radio Hoy, el Ejecutivo confirmó que el texto será presentado en la fecha en que se conmemora la independencia de Colombia, lo que le da al proyecto un escenario de alta visibilidad pública. La radicación marca el inicio formal del trámite legislativo en el Congreso de la República.
El fracking es una técnica de extracción de hidrocarburos que consiste en inyectar agua, arena y químicos a alta presión en formaciones rocosas de baja permeabilidad para liberar gas y petróleo. En Colombia, su utilización ha sido objeto de debate desde hace más de una década por sus posibles efectos sobre el agua, el suelo y la salud de las comunidades cercanas.
Entre 2012 y 2018, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y varias multinacionales firmaron contratos de exploración en cuencas como la Valle Medio del Magdalena y la Cesar-Ranchería, lo que encendió las alertas de organizaciones ambientales y líderes comunitarios. Las críticas se centraron en el riesgo de contaminación de acuíferos y en la sismicidad inducida que podría provocar la inyección de fluidos.
En 2019, el Consejo de Estado emitió una sentencia que ordenó suspender las actividades de exploración y explotación con fracking en el país, al considerar que no existían garantías suficientes sobre los impactos ambientales. La decisión judicial congeló los proyectos pilotos que habían sido autorizados por el gobierno anterior y dejó en suspenso la definición de una política clara sobre esta técnica.
El nuevo proyecto retoma esa discusión y propone una prohibición expresa en el territorio nacional. En la práctica, la iniciativa impediría que se otorguen nuevas licencias, se adelanten contratos o se ejecuten proyectos piloto con esta metodología, blindando al país frente a una actividad que, según sectores críticos, carece de estudios concluyentes sobre su sostenibilidad.
La propuesta tiene implicaciones directas para las regiones donde se habían adelantado exploraciones, como el Magdalena Medio y el sur de La Guajira, donde comunidades campesinas y autoridades locales habían reclamado información y participado en audiencias públicas. También toca a los trabajadores del sector petrolero y a los inversionistas que vieron en los yacimientos no convencionales una oportunidad de negocio.
En materia energética, el proyecto obligaría a redefinir las proyecciones de inversión y producción de gas y petróleo del país. Colombia ha dependido históricamente de los hidrocarburos para una parte significativa de sus exportaciones y de su producción fiscal, por lo que la transición hacia fuentes distintas de los no convencionales requeriría decisiones complementarias en política minero-energética.
Sectores vinculados a la industria de hidrocarburos habían advertido que una prohibición total podría afectar el abastecimiento de gas en el mediano plazo y limitar la capacidad de sustitución de importaciones. Al mismo tiempo, organizaciones ambientales y comunidades de zonas de influencia han reclamado durante años un marco legal que cierre de manera definitiva la puerta al fracking y que impulse alternativas como las energías renovables.
Ahora la iniciativa deberá surtir su curso en el Congreso, donde serán claves los debates en las comisiones Quintas y en las plenarias de Senado y Cámara. El Gobierno deberá surtir consultas previas con comunidades étnicas si el proyecto compromete territorios de pueblos indígenas o afrodescendientes y deberá responder por los derechos contractuales adquiridos en vigencia de los contratos anteriores.
El siguiente paso inmediato es la radicación formal del texto el 20 de julio, tras lo cual se conocerá el articulado completo, los tiempos de transición que contemple la prohibición y si la iniciativa incluye mecanismos de compensación o reorientación productiva para las regiones productoras.