El Gobierno nacional anunció que el próximo 20 de julio radicará ante el Congreso un proyecto de ley orientado a prohibir el fracking en Colombia. La iniciativa será impulsada de manera conjunta por los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente, según reportó Caracol Radio.
La fecha coincide con la instalación de la nueva legislatura, un escenario habitual para que el Ejecutivo presente sus apuestas prioritarias. Radicar el texto ese día le da al proyecto la posibilidad de empezar su trámite desde el arranque del periodo legislativo.
De acuerdo con la información publicada por Caracol Radio, el Ejecutivo defiende la iniciativa como una herramienta para proteger los recursos naturales y consolidar la transición energética. El fracking es una técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales que ha generado debate por sus posibles efectos sobre el agua, el suelo y las comunidades cercanas a los yacimientos.
En los últimos años, Colombia había avanzado en pilotos de investigación en fracking, suspendidos tras decisiones judiciales y cambios de política. El nuevo proyecto se inscribe en esa discusión de fondo sobre el modelo energético del país y el papel de los combustibles fósiles frente al cambio climático.
El anuncio llega en un momento de expectativa por la conformación de las mayorías en el Congreso y por el debate sobre la seguridad energética. Sectores productivos y regiones con potencial en hidrocarburos no convencionales han pedido reglas claras antes de tomar decisiones de inversión.
Por el lado ambiental y de comunidades, organizaciones han reclamado durante años una moratoria o prohibición total, argumentando riesgos sobre fuentes de agua y ecosistemas. El proyecto abre ahora un nuevo capítulo para que esos argumentos se tramiten en el legislativo.
La iniciativa será debatida en comisiones conjuntas de Senado y Cámara. Su suerte dependerá de la composición de las mesas directivas, los ponentes designados y la capacidad del Gobierno de conciliar con los partidos el texto definitivo.
Queda pendiente conocer el articulado completo y las excepciones que pueda incluir, por ejemplo en materia de investigación. También se verá cómo se articula la propuesta con la política de transición energética y con la atracción de inversiones del sector minero-energético.
En las próximas semanas se esperan reacciones de gremios, académicos, organizaciones ambientales y gobiernos locales, que suelen pronunciarse cuando se radic Proyectos de esta magnitud.