Según informó El Nuevo Siglo, los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible radicarán el próximo 20 de julio el proyecto de ley orientado a prohibir el fracking en Colombia. La fecha coincide con el inicio de una nueva legislatura en el Congreso de la República.
El fracking, también conocido como fracturamiento hidráulico, es una técnica de extracción de gas y petróleo que utiliza agua, arena y sustancias químicas inyectadas a alta presión en formaciones rocosas de baja permeabilidad. Su aplicación en Colombia ha sido objeto de debate desde que en 2019 la entonces ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, anunció la suspensión de los pilotos de investigación en yacimientos no convencionales.
La Comisión Interdisciplinaria Independiente, creada para evaluar la conveniencia de los pilotos, recomendó en su informe final de 2020 avanzar con seis proyectos piloto integrales, bajo estrictos estándares técnicos y ambientales. La presión de comunidades, organizaciones ambientalistas y sectores políticos llevó a que el tema se mantuviera en la agenda legislativa durante los años siguientes.
El proyecto de los ministerios de Minas y Ambiente apunta a cerrar ese capítulo mediante una prohibición expresa de la técnica en el territorio nacional. Aunque el extracto de la noticia no precisa el articulado, fuentes oficiales han señalado en distintas oportunidades que la propuesta se fundamenta en criterios de protección del recurso hídrico, las comunidades y los ecosistemas.
La presentación del proyecto abre un debate que involucra directamente a las regiones productoras y a las comunidades que habitan las zonas con potencial para yacimientos no convencionales, como el Valle del Magdalena Medio, donde la actividad de Ecopetrol ha sido relevante. Para los habitantes de esas áreas, la decisión legislativa tendrá efectos sobre la dinámica económica, el empleo y la inversión pública local.
Para el sector energético, la prohibición implica redefinir la estrategia de exploración y producción de hidrocarburos del país, en un contexto de transición energética y de caída de las reservas de crudo convencional. Ecopetrol, la mayor empresa del sector, ha señalado en sus informes corporativos la importancia de los yacimientos no convencionales como opción de largo plazo, una postura que ahora deberá contrastarse con el texto del nuevo proyecto.
Organizaciones ambientales y plataformas ciudadanas han recibido con expectativa la iniciativa, aunque han pedido que el debate no se limite a la prohibición, sino que incluya alternativas concretas de reconversión laboral y productiva para las regiones que podrían verse afectadas. El sector empresarial petrolero, por su parte, ha insistido en que la decisión debe tomarse con base en la evidencia técnica disponible.
El trámite en el Congreso requerirá que el proyecto superedebate en las comisiones conjuntas de Minas y de Ambiente, para luego pasar a las plenarias de Cámara y Senado. Los tiempos legislativos dependerán de la prioridad que el Gobierno le imprima a la iniciativa y del nivel de consenso que se construya en el Legislativo.
El resultado del proceso será clave para definir el rumbo de la política de hidrocarburos de Colombia en los próximos años, justo cuando el país enfrenta el reto de garantizar la seguridad energética y avanzar en compromisos internacionales de reducción de emisiones. La sociedad estará atenta a las audiencias públicas y a los espacios de participación que se abran durante el trámite.