De acuerdo con BusinessCol.com, el Gobierno colombiano confirmó que llevará al Congreso un proyecto de ley orientado a prohibir la explotación de yacimientos no convencionales mediante la técnica del fracturamiento hidráulico, conocida como fracking. La radicación se haría antes del cambio de mandato, lo que fija un plazo concreto para el trámite legislativo inicial.
El fracking es una técnica que utiliza agua mezclada con arena y químicos a alta presión para liberar hidrocarburos atrapados en formaciones de roca de baja permeabilidad. En Colombia, su aplicación ha sido objeto de discusión desde hace varios años por sus eventuales efectos sobre las fuentes de agua subterránea y los ecosistemas de las zonas de influencia.
La discusión sobre los proyectos piloto de fracking ha atravesado distintas instancias del Estado colombiano. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional han abordado demandas y tutelas relacionadas con la protección del medio ambiente y los derechos de comunidades en los territorios donde se adelantaron pruebas, lo que ha mantenido el debate jurídico abierto.
Para el Gobierno que presentó la iniciativa, la prohibición responde a compromisos adquiridos en materia ambiental y a la necesidad de avanzar en una transición energética. Sectores vinculados a la industria de hidrocarburos, por su parte, han expresado en otras oportunidades preocupación por el efecto de una eventual prohibición en la inversión y en las finanzas públicas, dada la dependencia de la renta petrolera.
La decisión también se da en un momento en el que el país atraviesa una transición hacia fuentes de energía menos contaminantes. Colombia ha impulsado proyectos de energía solar y eólica en los últimos años y forma parte de compromisos internacionales asumidos en materia de cambio climático, lo que enmarca el anuncio en una agenda más amplia de descarbonización.
Desde el punto de vista ciudadano, la posible prohibición afectaría directamente a los municipios donde se adelantaron pruebas de fracking, como Puerto Wilches en Santander, donde se realizaron algunos de los estudios pilotos. Habitantes y organizaciones sociales han reclamado participación en las decisiones y han pedido información sobre los impactos en la calidad del agua y la salud.
El proyecto deberá surtir su trámite en el Congreso de la República, donde necesitará superar los debates en comisiones y plenarias de Senado y Cámara. El tiempo restante del actual mandato y la composición de las bancadas serán factores determinantes para que la iniciativa avance o quede pendiente para la siguiente legislatura.
Queda por conocer el texto definitivo del proyecto, su articulado y los argumentos técnicos y jurídicos que lo respaldan. También está pendiente la posición oficial del Ministerio de Minas y Energía, así como las reacciones de los gremios del sector, las autoridades ambientales regionales y las comunidades organizadas en los territorios concernés.
La ciudadanía puede seguir el trámite legislativo a través de la página del Congreso y de los informes de las comisiones competentes. Mientras se surten esos pasos, el debate sobre el modelo energético del país continuará en medios, escenarios académicos y espacios de participación ciudadana.