El proyecto de Ley de Competitividad, conocido como Ley Antitrámites, fue radicado ante el Senado de la República por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín. La iniciativa apunta a simplificar los procedimientos que hoy deben surtir empresas y emprendedores ante distintas entidades del Estado, según reportó El Heraldo.
La propuesta hace parte de la agenda de competitividad que el Gobierno nacional viene impulsando y se inscribe en el propósito de mejorar el ambiente de negocios. El proyecto concentra sus objetivos en tres frentes: reducir los tiempos de respuesta de las entidades, bajar los costos asociados al cumplimiento de requisitos y eliminar pasos que hoy resultan redundantes para el usuario.
De acuerdo con la información publicada por El Heraldo, la ley contempla un conjunto de medidas orientadas a unificar ventanillas, digitalizar procedimientos y fijar plazos perentorios para los trámites que más impactan la operación de los negocios. Con ello se pretende que el recorrido que hoy debe hacer un emprendedor para constituir una empresa o solicitar un permiso sea más corto y predecible.
El alcance de la norma incluye procesos a cargo de ministerios, superintendencias, alcaldías y gobernaciones, lo que en la práctica toca a la mayoría de entidades que expiden conceptos, registros o autorizaciones a la actividad productiva. La Superintendencia de Industria y Comercio, las cámaras de comercio y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales figuran entre las instancias más relacionadas con la rutina diaria de los empresarios y, por tanto, entre las más afectadas por los ajustes.
Para los ciudadanos, los cambios prometidos pueden traducirse en menos filas, menos documentos físicos y respuestas en menor tiempo a solicitudes como registros mercantiles, permisos sanitarios o autorizaciones de operación. El sector empresarial, en particular las micro, pequeñas y medianas empresas, suele ser el más sensible a los costos fijos que imponen los trámites, por lo que cualquier reducción en ese frente tiene efecto directo sobre su formalización y supervivencia.
La radicación abre ahora el trámite legislativo en el Congreso. El texto deberá surtir debates en las comisiones económicas y en las plenarias de Senado y Cámara, un proceso que suele tomar varios meses y durante el cual el articulado puede ser modificado. Sectores productivos y agremiación empresariales suelen presentar observaciones en estas etapas, lo que abre espacio para ajustes al alcance original de la ley.
Quedan pendientes varios puntos sobre los que habrá que estar atentos en las próximas semanas: el texto definitivo del articulado, las observaciones de los gremios, el concepto del Ministerio de Hacienda sobre el impacto fiscal y el cronograma que se trace para el debate en comisiones. La Ley Antitrámites es apenas el primer paso formal; su traducción en ahorros concretos para usuarios y empresas dependerá de cómo avance en el Congreso y de su posterior implementación.
La iniciativa llega en un momento en el que la competitividad figura entre las prioridades declaradas por el Gobierno nacional. Reducir la carga regulatoria es una de las recomendaciones recurrentes de organismos como la Ocde y el Banco Mundial, que en sus informes anuales ubican a Colombia en posiciones intermedias en indicadores de facilidad para hacer negocios. Alinear la normatividad interna con estándares internacionales es uno de los argumentos que ha esgrimido el Ministerio de Comercio para respaldar la urgencia del proyecto.