El proyecto de ley de competencias fue radicado por el Gobierno ante el Congreso de la República, según reportó Infobae. La propuesta busca reglamentar la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) que fue aprobada en 2024 y que modificó la forma en que se distribuyen los recursos del presupuesto nacional hacia los municipios, distritos y departamentos del país.
El SGP es el mecanismo mediante el cual la Nación transfiere una porción de sus ingresos corrientes a las entidades territoriales. Esos recursos financian servicios esenciales como educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Por su magnitud, cualquier cambio en sus reglas de reparto tiene efectos directos sobre la capacidad de los gobiernos locales para atender a sus ciudadanos.
Según el extracto de Infobae, el proyecto plantea un aumento gradual de las transferencias territoriales durante un periodo de doce años. Ese cronograma sugiere que el impacto fiscal de la medida se distribuiría en el tiempo, en lugar de aplicarse de manera inmediata, y que la transición entre el esquema actual y el nuevo modelo sería progresiva.
La reforma al SGP aprobada en 2024 fue una de las modificaciones más relevantes al sistema de transferencias en los últimos años. Su propósito declarado fue avanzar hacia una distribución más equitativa entre las regiones, reconociendo las diferencias poblacionales y las necesidades específicas de cada territorio. La ley de competencias que ahora se radica es la herramienta legal que permitiría operativizar esos cambios.
El contenido del proyecto incluye la definición de competencias para cada nivel de gobierno, es decir, qué funciones específicas asumirán la Nación, los departamentos y los municipios. Esa clarificación es clave para que las transferencias vengan acompañadas de responsabilidades claras en la prestación de servicios públicos.
Para los ciudadanos, el efecto práctico de esta redistribución se verá en la cantidad de dinero disponible para financiar la educación pública, los hospitales locales, los acueductos y otros servicios básicos. Municipios con menor capacidad fiscal serían los más sensibles a un aumento en las transferencias, mientras que entidades con bases tributarias más sólidas podrían ver cambios en su esquema de ingresos.
El proyecto ahora pasará por el trámite legislativo en el Congreso, donde deberá surtir los debates en comisiones y plenarias de Senado y Cámara antes de convertirse en ley de la República. Durante ese proceso, distintos sectores políticos y territoriales podrán presentar observaciones, modificaciones y proposiciones al texto original radicado por el Gobierno.
Según Infobae, la iniciativa se inscribe en una discusión de fondo sobre el modelo de descentralización colombiano. El país mantiene desde hace décadas un esquema de traspaso de recursos y responsabilidades a las regiones, aunque las discusiones sobre su equidad y sostenibilidad han sido recurrentes en los debates de política pública.
Queda por definirse el alcance final del articulado tras su paso por el Congreso, los ajustes que se le introduzcan y los tiempos concretos en que las regiones empezarán a percibir los efectos del nuevo esquema. El periodo de transición de doce años mencionado en el proyecto marca un horizonte de largo plazo para la implementación de la reforma.