El Gobierno Nacional radicó en el Congreso de la República un proyecto de ley dirigido a reducir la carga administrativa y los trámites que deben surtir las empresas para operar en el país. La medida, según recoge el diario El País de Cali, fue bien recibida en el sector empresarial, aunque su entrada en vigencia dependerá del avance del trámite legislativo.
De acuerdo con lo reportado por la fuente, la iniciativa hace parte de una agenda orientada a mejorar el clima de negocios y a recortar los tiempos y costos que hoy deben asumir los emprendedores y las compañías formales para cumplir con permisos, registros y procedimientos ante distintas entidades del Estado.
La simplificación de trámites empresariales ha sido durante los últimos años una de las líneas recurrentes de distintas administraciones. Organismos como el Banco Mundial han señalado la cantidad de procedimientos y los días requeridos para abrir y operar un negocio como factores determinantes en la competitividad de un país, y Colombia ha ocupado posicionesrezagadas en indicadoresinternacionales como el Doing Business, hoy descontinuado.
En el contexto local, la Cámara de Comercio de Bogotá y otras entidades han advertido que la dispersión de requisitos entre ministerios, alcaldías y entidades de control encarece la formalización y desincentiva a los pequeños empresarios. Una reforma en esta materia, señalan los analistas, suele tener efectos sobre la productividad, la generación de empleo y la atracción de inversión.
Los gremios, según lo recogido por El País, valoraron la radicación del proyecto como un primer paso, pero recordaron que el verdadero examen del texto llegará en las comisiones económicas y en las plenarias de Senado y Cámara, donde se discutirá el articulado, los plazos de transición y las entidades responsables de aplicar la nueva normativa.
Para los ciudadanos y los pequeños comerciantes, el impacto práctico de la iniciativa se medirá en aspectos concretos: el número de pasos necesarios para constituir una empresa, los tiempos de respuesta de las autoridades, los costos asociados a permisos y licencias y la posibilidad de hacer más gestiones en línea. Hoy buena parte de esos procesos todavía se realizan de forma presencial y con requisitos duplicados entre distintas entidades.
El proyecto también abre interrogantes sobre la articulación con la regulación vigente en materia tributaria, laboral y ambiental, y sobre los efectos para entidades como la DIAN, las alcaldías, las Cámaras de Comercio y las superintendencias, que tienen competencias sobre los registros y controles vigentes.
El siguiente paso del trámite será la asignación del proyecto a las comisiones constitucionales o económicas correspondientes, donde se designarán ponentes y se abrirá el debate público. Sectores empresariales y académicos suelen presentar en esa etapa observaciones y propuestas de modificación al texto original radicado por el Gobierno.
Hasta tanto no se surta el debate y la votación en el Congreso, las reglas que actualmente regulan los trámites empresariales seguirán vigentes, por lo que las compañías deberán continuar cumpliendo con los procedimientos existentes mientras avanza el estudio del nuevo proyecto.