El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anunció que el Gobierno avanza en una reorientación de la política fiscal con tres ejes centrales: reducción gradual del gravamen a los movimientos financieros (4x1000), desmonte del impuesto al patrimonio y simplificación del sistema tributario. La declaración fue recogida por Radio Hoy y reitera el rumbo que el Ministerio busca imprimirle a las finanzas públicas del país.
Según el funcionario, el propósito de estas medidas es fortalecer la inversión privada y estabilizar el nivel de endeudamiento del Estado. En su exposición, Gómez Martínez sostuvo que la carga tributaria sobre las transacciones cotidianas y sobre el patrimonio debe aliviarse de manera progresiva para no comprometer la estabilidad de las cuentas nacionales.
El 4x1000 es un gravamen que se aplica a las operaciones financieras de retiro y traslado de dinero en cuentas bancarias y que rige en Colombia desde finales de 1998. Su reducción gradual ha sido una solicitud recurrente de distintos sectores económicos, que argumentan que encarece el uso del sistema financiero formal y afecta a los usuarios del día a día.
Por su parte, el impuesto al patrimonio es una tributación extraordinaria sobre los activos poseídos por personas naturales y, en algunos periodos, por sociedades, cuya vigencia depende de la decisión del Congreso en cada reforma tributaria. El desmonte anunciado implicaría que esta carga deje de cobrarse una vez culmine el esquema actual de transición.
La reorientación fiscal se complementa con la promesa de reducir el gasto público y simplificar los trámites y obligaciones que pesan sobre los contribuyentes. De acuerdo con el ministro, un sistema más sencillo busca mejorar el recaudo efectivo, reducir la evasión y facilitar el cumplimiento voluntario de los impuestos.
Aunque el Ministerio de Hacienda no entregó en este pronunciamiento un cronograma detallado con fechas ni montos específicos para cada medida, el anuncio marca la dirección oficial de la política económica del Gobierno en el corto plazo. Queda pendiente conocer el articulado que se presentaría al Congreso para materializar los cambios anunciados.
Para los ciudadanos y empresas, la medida tendría efectos directos: menores costos en transacciones bancarias, menor presión sobre los patrimonios más altos y, en principio, un ambiente más favorable para la inversión privada. Analistas y gremios económicos del país suelen estar atentos a cómo se compensarán estos menores ingresos fiscales sin afectar la inversión social ni el pago de la deuda pública.