El Gobierno nacional citó a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Fiscalía General de la Nación a una reunión en la Casa de Nariño para coordinar acciones contra las redes de tráfico de migrantes. El encuentro busca articular respuestas institucionales frente a un delito que, según las autoridades, viene creciendo en distintas regiones del país.
Uno de los datos expuestos en la cumbre llamó la atención de los asistentes: hay personas que aparecen registradas como padres en hasta 50 registros civiles distintos. Esa repetición, explicaron los organismos de investigación, no corresponde a coincidencias sino a un patrón de alteración de los documentos de identidad, usado para abrir puertas al flujo migratorio irregular.
La Registraduría es la entidad encargada de la identificación de los colombianos y los extranjeros con vocación de permanencia en el país. Su papel en esta alianza resulta clave porque cualquier intento de frenar el tráfico de migrantes pasa por revisar la base de datos de nacimientos, matrimonios y antecedentes, donde se han detectado las irregularidades.
Por su parte, la Fiscalía tiene a su cargo la investigación penal y la judicialización de los miembros de las bandas dedicadas a esta actividad ilícita. El tráfico de migrantes es un delito tipificado en el Código Penal colombiano, con penas que se agravan cuando se trata de redes organizadas, cuando hay menores de edad involucrados o cuando se pone en riesgo la vida de las víctimas.
Colombia es un país de tránsito migratorio por su ubicación geográfica, situación que lo ha convertido en corredor tanto para venezolanos como para ciudadanos de otros continentes que buscan llegar a Norteamérica. Las rutas selváticas del Darién, en la frontera con Panamá, han sido escenario de tragedias humanitarias en los últimos años, lo que pone presión adicional sobre las autoridades nacionales.
La reunión en Palacio ocurre en un momento en que el Gobierno ha hecho de la seguridad fronteriza y la lucha contra el crimen organizado una línea prioritaria de su gestión. La presencia simultánea de la Registraduría y la Fiscalía muestra que la estrategia se plantea desde lo documental y lo judicial, no solo desde lo militar o lo migratorio.
Entre los pendientes que deja la cumbre está definir un protocolo conjunto para detectar registros civiles fraudulentos, establecer filtros adicionales en los procesos de cedulación y extranjería, y avanzar en las investigaciones que ya tienen abiertas los fiscales delegados. Las autoridades también deberán evaluar si los registros detectados corresponden a familias numerosas legítimas o si confirman la existencia de una estructura criminal dedicada a expedir documentos falsos a gran escala.
El combate al tráfico de migrantes, recuerdan los organismos internacionales, suele rendir mejores frutos cuando se combina la persecución penal con políticas de migración regular, cooperación transfronteriza y protección a las víctimas. La reunión en Palacio apunta, al menos sobre el papel, a esa combinación.