La Ley 2489 de 2025, recién reglamentada por el Gobierno, establece un marco para que los entornos digitales usados por menores de edad en Colombia ofrezcan condiciones seguras de navegación. El objetivo central es prevenir riesgos como el ciberacoso, la explotación sexual en línea, el acceso a contenido nocivo y la violencia digital, según informó El Heraldo.
La reglamentación define qué se entiende por entorno digital seguro y cuáles son los actores obligados a garantizarlo. Entre ellos están los proveedores de plataformas, los operadores de servicios de telecomunicaciones, las instituciones educativas y las familias, que deben activar controles parentales, filtros y mecanismos de reporte. La norma también señala la responsabilidad del Estado en la supervisión y en la respuesta frente a denuncias.
Para los menores, el cambio significa que las aplicaciones, redes sociales, videojuegos y sitios web deberán incorporar sistemas de verificación de edad, avisos claros sobre riesgos y rutas de denuncia accesibles. En la práctica, un niño o adolescente que sufra una amenaza en internet podrá reportarla por canales oficiales y esperar seguimiento institucional, en lugar de depender solo de la voluntad del proveedor.
La ley llega en un contexto de aumento sostenido de riesgos digitales para menores en el país. Organizaciones internacionales y entidades colombianas han advertido sobre el crecimiento del grooming, la sextorsión y el consumo involuntario de contenidos violentos o sexuales. Hasta la expedición de esta norma, el país aplicaba de forma dispersa normas de protección infantil, pero faltaba un marco específico para el entorno digital.
El Ministerio de las TIC, el Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tendrán roles diferenciados en la implementación. Las plataformas deberán adaptar sus términos, sus algoritmos de recomendación y sus políticas de moderación a los nuevos estándares. Las escuelas, por su parte, deberán incluir contenidos de alfabetización digital y uso seguro de internet en sus proyectos pedagógicos.
Para los padres y cuidadores, la reglamentación ofrece criterios para exigir ajustes en los dispositivos y cuentas de sus hijos. Los controles parentales, las restricciones de horario y los filtros de contenido dejan de ser opcionales y se convierten en herramientas respaldadas por la ley. También se prevén sanciones para quienes incumplan las obligaciones de protección, con multas y, en casos graves, suspensión del servicio.
Las organizaciones de la sociedad civil han pedido que la reglamentación incluya mecanismos efectivos de supervisión y que no quede solo en el papel. Sectores de la industria tecnológica, en tanto, han señalado la necesidad de reglas claras y proporcionales, que no terminen bloqueando el acceso legítimo de los jóvenes a contenidos educativos o informativos.
Quedan pendientes varios puntos. Aún se deben expedir los lineamientos técnicos para la verificación de edad y los protocolos de respuesta ante reportes. También está por definirse el plazo que tendrán las plataformas para adecuarse a las nuevas obligaciones, un aspecto clave para medir el impacto real de la ley en la vida cotidiana de millones de familias colombianas.