El Gobierno nacional publicó la reglamentación de la ley que crea la ruta de atención frente al maltrato animal en Colombia, según reportó La Opinión. Con este acto administrativo se completan los lineamientos para que las entidades competentes apliquen la normativa en todo el país.
Uno de los cambios más sensibles de la reglamentación es el criterio para determinar cuándo se está ante un caso de maltrato. Antes se exigían lesiones visibles en el animal. Ahora se tendrán en cuenta también indicadores conductuales como dolor, miedo, estrés o sufrimiento, lo que amplía el universo de situaciones que pueden ser atendidas por las autoridades.
La ruta de atención había sido prevista por el legislador para unificar el procedimiento que deben seguir las autoridades cuando se reporta un caso de maltrato animal. La reglamentación busca llenar los vacíos que impedían su aplicación efectiva, según lo que ha trascendido sobre el contenido del decreto.
Para los ciudadanos, el nuevo criterio significa que un reporte por comportamiento anormal de un animal, sumado a un contexto de posible crueldad, puede ser suficiente para que la autoridad competente actúe. Ya no será necesario esperar a que el daño físico sea evidente para iniciar el proceso.
La medida impacta directamente a las alcaldías, a la Policía Nacional, a las inspecciones de policía y a las autoridades ambientales, que son las encargadas de recibir denuncias, atender al animal y sancionar a los responsables. La ruta unificada debería permitirles actuar con un mismo protocolo en cualquier municipio del país.
Organizaciones animalistas venían insistiendo en que la ley anterior resultaba insuficiente porque muchas víctimas de maltrato no presentaban marcas externas. El cambio en los criterios de valoración recoge, al menos en parte, esa preocupación, al admitir que el sufrimiento animal no siempre deja huellas físicas visibles.
La reglamentación deja varios retos pendientes. Falta definir los tiempos máximos de atención, los protocolos de los centros de rescate, la articulación con las comisarías de familia y la forma como se financiará la atención veterinaria de los animales recuperados. La implementación mostrará si los nuevos criterios son suficientes en la práctica.
Por ahora, los ciudadanos pueden presentar denuncias ante la inspección de policía de su municipio, la Fiscalía General de la Nación o la autoridad ambiental competente. El siguiente paso del Gobierno será la socialización del decreto con las entidades territoriales y la capacitación a los funcionarios encargados de aplicar la ruta.