El Gobierno expidió un decreto que fija las reglas para que exintegrantes de las Farc y exmilitares cumplan las sanciones restaurativas impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz, según informó el diario El Tiempo. La medida busca dar operatividad a un componente central del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado por el Acuerdo de Paz de 2016.
La Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como JEP, fue establecida como el tribunal encargado de juzgar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado colombiano. Dentro de su competencia, puede imponer sanciones restaurativas a quienes comparezcan ante ella y reconozcan su responsabilidad, siempre que sus conductas estén vinculadas al conflicto.
Según el extracto de El Tiempo, el decreto dispone que los comparecientes recibirán alojamiento, alimentación y seguros mientras cumplen las sanciones. Estos beneficios buscan garantizar condiciones mínimas de subsistencia durante el período en el que los sancionados ejecutan las tareas, obras o actividades definidas por el tribunal de paz.
La expedición del reglamento responde a un vacío operativo que distintos sectores habían señalado. Aunque la JEP ha adelantado comparecencias y ha dictado resoluciones, la puesta en práctica de las sanciones restaurativas requería reglas claras sobre logística, financiamiento y responsabilidades institucionales. El decreto llega en un momento en el que el sistema de justicia transicional enfrenta presiones por la acumulación de casos pendientes.
Para los exintegrantes de las Farc que suscribieron el Acuerdo Final, las sanciones restaurativas sustituyen las penas privativas de la libertad, siempre que se cumpla con los requisitos de verdad, reparación y no repetición. Para los exmilitares investigados por falsos positivos y otros hechos del conflicto, el camino es similar: la JEP evalúa su aporte a la verdad y, en función de ello, define la modalidad de sanción.
La norma tiene implicaciones directas para los ciudadanos. Primero, porque la reparación a las víctimas, uno de los pilares de las sanciones restaurativas, depende de que estas se ejecuten efectivamente. Segundo, porque los recursos públicos destinados a alojamiento, alimentación y seguros provienen del presupuesto nacional, lo que convierte el cumplimiento de las sanciones en un asunto de interés fiscal y de rendición de cuentas.
Desde el punto de vista institucional, el decreto distribuye responsabilidades entre distintas entidades del Estado. La JEP conserva su autonomía para definir el contenido de cada sanción, mientras que el Gobierno, a través de las entidades competentes, debe garantizar la infraestructura y los servicios que permitan el cumplimiento. Este reparto de funciones ha sido objeto de debate, pues algunos actores consideran que la justicia transicional requiere coordinación permanente.
El decreto también reabre el debate sobre el alcance real de las sanciones restaurativas frente a las penas ordinarias. Sectores de víctimas han expresado que la efectividad del sistema depende de que las sanciones incluyan trabajos concretos orientados a la reparación simbólica y material de los afectados. Organizaciones de derechos humanos, por su parte, han subrayado que el componente restaurativo debe ir acompañado de garantías de no repetición.
Quedan varios asuntos por resolver. Falta precisar cómo se financiarán los seguros y la manutención, qué entidad administrará los alojamientos y bajo qué criterios se supervisará el cumplimiento de las tareas impuestas por la JEP. Además, persiste la pregunta sobre cómo se articulará este decreto con los procesos en curso que ya tienen comparecientes acreditados y con aquellos cuya situación aún está por definirse en sede judicial.
El paso dado por el Gobierno con este decreto marca un avance en la implementación del marco de justicia transicional, pero su verdadero impacto se medirá en la capacidad del Estado para ejecutar de manera oportuna las sanciones que la JEP imponga en los próximos meses.