El Gobierno nacional reglamentó la Ley Ángel, una norma que había sido expedida el 18 de abril de 2025 con el objetivo de fortalecer la lucha contra el maltrato animal en Colombia. El decreto de reglamentación define cómo funcionará en la práctica la ruta de atención para las víctimas de estas agresiones, según informó La República.
La Ley Ángel fue una de las apuestas del Congreso para endurecer las respuestas del Estado ante los casos de crueldad contra animales. Su reglamentación era el paso que faltaba para que las autoridades pudieran aplicar sus disposiciones en el territorio y para que los ciudadanos conocieran los canales habilitados para denunciar.
Con la ruta de atención establecida en el decreto, se definen los pasos que deben seguir las autoridades locales, la Policía y la Fiscalía cuando se presenta un caso de maltrato animal. Esto incluye desde la recepción de la denuncia hasta la atención veterinaria del animal afectado y el proceso judicial contra el presunto agresor.
La norma busca cerrar vacíos que dificultaban la persecución de estos delitos. Durante años, organizaciones animalistas y ciudadanos habían señalado que muchas denuncias no avanzaban por falta de claridad sobre qué entidad debía actuar primero y cómo proteger al animal mientras se surtía el proceso.
Según la fuente, la reglamentación también establece responsabilidades para los municipios y las gobernaciones. Las entidades territoriales deberán adecuar sus programas de protección animal para alinearse con los protocolos definidos a nivel nacional.
Para los ciudadanos, el cambio más visible es la posibilidad de acceder a una ruta clara. Quienes presencien un caso de maltrato animal podrán acudir a las autoridades competentes y esperar una respuesta dentro de los plazos que fija la norma, en lugar de enfrentar trámites dispersos entre distintas entidades.
La Ley Ángel llegó en un contexto en el que Colombia registra sanciones crecientes contra personas que agreden animales domésticos y silvestres. Varias ciudades ya habían tipificado el delito en sus códigos locales, pero la norma nacional unifica criterios y eleva las penas en todo el país.
Ahora, con la reglamentación en firme, las autoridades tienen un marco operativo para actuar. Quedan pendientes detalles como los recursos técnicos y presupuestales que necesitarán los municipios para cumplir los nuevos protocolos, y el seguimiento que harán los ministerios competentes a su implementación en los territorios.
El siguiente paso será verificar cómo las alcaldías y gobernaciones adaptan sus procedimientos a la nueva ruta. Las organizaciones animalistas y veedurías ciudadanas serán claves para vigilar que los casos denunciados reciban una respuesta oportuna y que los animales víctimas queden protegidos desde el primer momento.