El Gobierno Nacional insistió en que el proyecto de Ley de Sometimiento, pieza central de su política de sometimiento a la justicia, no otorgará reconocimiento político a las estructuras armadas ilegales que se acojan al marco legal. Así lo confirmó el vocero oficial Miller Soto, citado por el diario El Heraldo.
La diferencia resulta determinante para el rumbo del proyecto. El coronel (r) José Espejo, otro de los voceros gubernamentales consultados por El Heraldo, fue enfático: “no habrá posibilidad de establecer mesas para dialogar porque asistimos a una entrega voluntaria y no a una negociación entre iguales”.
Con esa frase el Ejecutivo delimita el alcance del mecanismo. Las organizaciones armadas que decidan acogerse deberán hacerlo en condición de sometimiento a la justicia ordinaria y a las autoridades competentes, sin los beneficios políticos ni las prerrogativas que históricamente se han discutido en procesos de paz con organizaciones como las antiguas FARC o el ELN.
La Ley de Sometimiento forma parte de la estrategia más amplia del Gobierno para enfrentar a los grupos armados y a las redes criminales que delinquen en distintas regiones del país. Su objetivo, según se ha planteado en distintas instancias, es ofrecer una vía legal a quienes decidan dejar las armas, al tiempo que se fortalecen los instrumentos de investigación y judicialización.
El Ejecutivo busca diferenciarse de procesos anteriores en los que el reconocimiento de beligerancia política abrió debates sobre la condición de los integrantes de esos grupos, su participación en política y los alcances de los acuerdos firmados. Con la figura del sometimiento voluntario, el Gobierno subraya que la relación con esas estructuras se da frente a la justicia y no frente a una mesa de negociación política.
Para la ciudadanía, el anuncio tiene implicaciones directas. En los territorios donde operan estas estructuras, las comunidades suelen ser las más afectadas por la violencia, las restricciones a la movilidad y los reclutamientos forzados. Una ley que se enfoque en la judicialización, sin entregar beneficios políticos, cierra la puerta a eventuales exigencias de representación o participación electoral por parte de organizaciones armadas.
La decisión también marca el tono del debate en el Congreso. Los proyectos que reconocen o niegan el carácter político de un grupo armado suelen generar discusiones profundas entre quienes defienden un enfoque de negociación política y quienes consideran que cualquier reconocimiento de ese tipo legitima la violencia. El Gobierno ha dejado claro en qué orilla se ubica.
El Heraldo consigna que voceros del Ejecutivo seguirán explicando los alcances de la iniciativa en los próximos días, en la medida en que el texto avance en su trámite legislativo. Por ahora, el mensaje central es que el camino será la justicia, no la política, para quienes se sometan.
Queda por verse cómo reaccionarán los grupos armados al llamado del Ejecutivo y si el marco propuesto resulta suficientemente atractivo para propiciar entregas voluntarias en distintas regiones del país.