La Presidencia de la República expidió la Resolución 429 del 21 de septiembre de 2026, en la que retiró la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz. El acto administrativo deja sin efecto el rol que el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia venía desempeñando en el marco de los diálogos con estructuras armadas.
Mancuso fue uno de los comandantes más reconocidos del paramilitarismo colombiano y se acogió al proceso de Justicia y Paz previsto en la Ley 975 de 2005. Tras su regreso al país, se le asignaron funciones como gestor de paz con el objetivo de contribuir a procesos de sometimiento y desmantelamiento de organizaciones armadas ilegales.
La figura de gestor de paz ha sido utilizada por distintos gobiernos para vincular a exlíderes de grupos armados en tareas de facilitación y acercamiento con estructuras delincuenciales. Su uso ha generado debates sobre los límites de la participación de antiguos jefes paramilitares en la política de paz.
Con la expedición de la Resolución 429, el Gobierno nacional modifica la composición de los equipos de diálogo con grupos armados y abre un nuevo escenario en la estrategia de sometimiento. La decisión se conoce en un momento en el que las autoridades buscan fortalecer los canales de negociación con estructuras criminales.
La determinación puede tener efectos en los procesos de Justicia y Paz que se adelantan contra Mancuso, dado que su rol como gestor de paz estaba ligado a compromisos de colaboración con la justicia. La retirada de la designación no extingue sus obligaciones pendientes ante los tribunales nacionales.
Organizaciones de víctimas y sectores políticos han reclamado durante años mayor claridad sobre los alcances de la condición de gestor de paz. Con la decisión presidencial, el caso vuelve a quedar bajo el escrutinio público y abre preguntas sobre el futuro del proceso de sometimiento.
Por ahora, la Presidencia no ha detallado públicamente las razones específicas que motivaron la expedición del acto administrativo. El contenido completo de la Resolución 429 deberá ser analizado para establecer el alcance preciso de la medida y sus efectos sobre los compromisos asumidos por Mancuso en el marco del proceso de paz.