El Gobierno Nacional informó que culminó la revisión de las cajas de compensación familiar y encontró presuntas irregularidades en 11 de las 42 entidades que existen en Colombia, según reportó LaRepublica.co. Los hallazgos fueron compilados en un expediente que ya fue remitido a los organismos de control.
La documentación completa fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, de acuerdo con el extracto de la fuente. Cada una de estas entidades tendrá la tarea de evaluar las conductas descritas y determinar si hay méritos para abrir investigaciones formales, imponer sanciones disciplinarias o recuperar posibles recursos públicos.
Las cajas de compensación familiar son entidades privadas sin ánimo de lucro que administran aportes de trabajadores y empleadores para financiar servicios de salud, recreación, educación, crédito y vivienda. Están reguladas por el Estado a través de la Superintendencia del Subsidio Familiar, que vigila el uso de los recursos parafiscales que reciben.
El hecho de que más de una cuarta parte del total de cajas figure con presuntas irregularidades reabre el debate sobre la supervisión del sistema. El modelo se financia con aportes obligatorios del 4 % sobre la nómina que pagan los empleadores, recursos que deben destinarse a programas sociales para los trabajadores afiliados y sus familias.
Hasta el momento, el Gobierno no ha hecho públicos los nombres de las cajas involucradas ni el tipo específico de irregularidades encontradas, ya que la información fue entregada directamente a los organismos de control. Será cada entidad la que, en el marco de sus competencias, determine las responsabilidades individuales y avance en los respectivos procesos.
Desde el sector se esperan pronunciamientos de la Superintendencia del Subsidio Familiar, que tiene la función de inspección, vigilancia y control sobre estas entidades, así como de las propias cajas señaladas, que en general han defendido su manejo financiero en periodos anteriores.
La ciudadanía observa con atención el avance de las investigaciones porque las cajas prestan servicios a millones de trabajadores afiliados en todo el país. Cualquier decisión de las autoridades podría afectar la oferta de programas de recreación, educación y vivienda para los usuarios.
El siguiente paso depende de los organismos de control. La Fiscalía evaluará si existen conductas punibles, la Procuraduría abrirá indagaciones disciplinarias si hay servidores públicos comprometidos y la Contraloría revisará el posible detrimento patrimonial. Los resultados de esas pesquisas serán los que determinen las sanciones o responsabilidades correspondientes.