La Agencia de Renovación del Territorio (ART) informó que los recursos comprometidos para el período 2022-2026, cercanos a 2,9 billones de pesos, registran una ejecución física inferior al 40%, según declaró su directora Valerie Lafaurie. La cifra corresponde a los rubros destinados a la sustitución de cultivos de uso ilícito y a obras de infraestructura en zonas históricamente golpeadas por el conflicto armado.
La sustitución de cultivos es una de las piezas centrales del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno Nacional y las FARC. El programa plantea que familias campesinas que abandonen los cultivos de coca reciban asistencia técnica, proyectos productivos y acompañamiento del Estado a cambio del compromiso de no resembrar. La ART opera como una de las entidades clave para articular esa oferta en los territorios priorizados por el acuerdo.
En Colombia, el programa de sustitución voluntaria de cultivos arrancó formalmente en 2017 con la puesta en marcha de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Desde entonces, organizaciones sociales y autoridades regionales han señalado atrasos en la llegada de los recursos y demoras en la ejecución de proyectos productivos en departamentos como Caquetá, Putumayo, Norte de Santander, Cauca y Nariño.
El hecho de que, según los datos entregados por la propia ART, la ejecución física se mantenga por debajo del 40% reabre la discusión sobre la capacidad operativa de las entidades del Estado en zonas de difícil acceso. La diferencia entre recursos comprometidos y recursos efectivamente ejecutados suele atribuirse a problemas de contratación, demoras en licencias, conflictividad territorial y debilidades en la articulación interinstitucional.
Renuevo de Cultivos y los PDET concentran buena parte de la respuesta estatal en los 170 municipios priorizados por el acuerdo de paz. Por eso, los retrasos en la ejecución impactan de manera directa a comunidades campesinas e indígenas que dependen de esos proyectos para sustituir economías ilegales. También afectan a Alcaldías y Gobernaciones que esperan la cofinanciación de obras de vías, acueductos y energía.
La declaración de Lafaurie ocurre en un momento en el que el Congreso y los organismos de control han incrementado el seguimiento al cumplimiento de los compromisos del acuerdo de paz. Informes recientes de la Contraloría y de la sociedad civil han advertido sobre la baja ejecución de las partidas asignadas a la implementación, un patrón que parece confirmarse con el anuncio de la propia ART.
Para los ciudadanos de las zonas rurales, los atrasos en la ejecución de estos recursos se traducen en escuelas sin terminar, vías sin pavimentar y proyectos productivos que nunca arrancan. Para los firmantes del acuerdo y sus familias, el incumplimiento debilita la confianza en la reinserción. Para el Estado, abre un foco de fiscalización y la necesidad de tomar decisiones correctivas.
Ahora el reto para la entidad y para el Gobierno Nacional consiste en destrabar los proyectos rezagados, simplificar los procesos de contratación y fortalecer la presencia institucional en los territorios. Las organizaciones de la sociedad civil, en tanto, piden que la revisión de los 2,9 billones venga acompañada de cronogramas claros y de veeduría ciudadana para que los recursos lleguen efectivamente a las comunidades que esperan desde hace años.
Según la fuente, la revisión sigue en curso y se espera que en las próximas semanas la ART entregue un balance más detallado de los proyectos rezagados y de los planes de choque para acelerar la ejecución. Entretanto, departamentos como Putumayo y Caquetá continúan a la expectativa de que las obras y los compromisos productivos pendientes se materialicen.