El Gobierno nacional informó que avanza en una revisión de los contratos suscritos por el Ministerio de Igualdad, una cartera creada en 2022 dentro de la reorganización del Ejecutivo para atender asuntos de equidad de género, derechos de las mujeres y poblaciones históricamente discriminadas. Según la información publicada por Vanguardia, el Ejecutivo no descarta acudir a la justicia si encuentra irregularidades en esos vínculos contractuales.
La decisión se conoce en un contexto de cambio de administración. Con la llegada del nuevo gobierno se han activado distintas auditorías internas sobre dependencias que acumularon compromisos durante el periodo anterior, con el propósito de determinar el estado real de las contrataciones y los pagos asociados.
De acuerdo con la fuente, la revisión no se limita a los convenios ya liquidados. También incluye los reclamos de antiguos contratistas que sostienen que se les adeudan honorarios, comisiones y gastos de desplazamiento. Estas denuncias habían sido reportadas por los afectados a través de canales administrativos y en redes sociales durante los últimos meses.
El Ministerio de Igualdad ha concentrado buena parte de su gestión en la ejecución de programas sociales, la articulación con entidades territoriales y la implementación de políticas públicas para mujeres, jóvenes y comunidades étnicas. Esa diversidad de funciones se tradujo en un volumen alto de contratistas y proveedores, lo que hace que cualquier revisión abarque un número considerable de expedientes.
En el sector público colombiano, la figura del contrato de prestación de servicios es la modalidad más usada para vincular personal en tareas técnicas y de apoyo. Cuando se presentan atrasos en los pagos, los contratistas suelen acumular simultáneamente varias cuentas por cobrar y deben asumir con recursos propios los costos logísticos, como los desplazamientos, hasta tanto la entidad haga los giros.
El anuncio de acciones judiciales abre dos rutas posibles. Una es la administrativa, con el trámite interno de las quejas y, si procede, la reliquidación de los montos adeudados. La otra es la penal o disciplinaria, si la revisión encuentra conductas que puedan constituir faltas o delitos relacionados con el manejo de recursos públicos.
Para los contratistas afectados, el desenlace de esta revisión resulta determinante. Si el Gobierno reconoce las deudas y ordena los pagos pendientes, podrían cerrar años de reclamaciones. Si en cambio se determina que hubo incumplimientos por las dos partes, el proceso podría extenderse y derivar en litigios.
Por ahora, el Ministerio de Igualdad y las entidades de control no han divulgado un listado oficial de los contratos bajo revisión ni el monto total de las acreencias reportadas. El Gobierno señaló que continuará el análisis y entregará resultados una vez concluya la auditoría, según lo consignado por Vanguardia.